El país se reencuentra consigo mismo

Lo que debería haber ocurrido hace varios decenios para saneamiento de la sociedad uruguaya está pasando ahora. La Justicia, por primera vez, ha podido procesar a un grupo de militares y policías por una serie de delitos conexos con la violación de los derechos humanos, que hasta ayer se hallaban amparados por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, norma jurídica que impuso la impunidad, pero que fue avalada   recordémoslo todos   en un referéndum en que se expresó la población.

Quienes debieron vivir las vicisitudes de aquel estado de cosas, aquella represión desembozada, la tortura y la cárcel, los que son familiares de desaparecidos o asesinados por los esbirros de la dictadura, o quienes debieron emigrar a otro país con niños pequeños y otros por nacer, tal vez no se sientan plenamente satisfechos por el fallo judicial, y esperan que se haga justicia con todos los terroristas de Estado. Es que el desgarro familiar provocado por todo aquello, los daños irreparables causados por la represión, no se restañan con estas medidas ni se olvidarán nunca. No hay nada que pueda reparar lo que estos canallas hicieron en contra de la gente.

Pero, como hemos dicho infinidad de veces, es sano que el país comience a salir de la excepcionalidad en que vivía, y que los hasta ayer impunes empiecen a rendir cuentas ante la Justicia.

Eso muestra que nuestra sociedad comienza a normalizarse. Que las «vacas sagradas» de la impunidad, que algunos de los arrogantes violadores de los derechos humanos comiencen a ser sancionados por sus crímenes, sean estos cuales sean, es un paso muy importante.

Es una etapa histórica que le debemos, fundamentalmente a la gente que logró la modificación de la correlación de fuerzas en un gobierno que decidió habilitar, como establece la propia Ley de Caducidad, que algunos delitos, como los que nos ocupan, dejaran de estar amparados por dicha norma que consagró la impunidad, jugando también en el horizonte de la Justicia los pedidos de extradición de la Justicia argentina por la aplicación, en el país vecino, del llamado «plan Cóndor».

Es una buena base para terminar con un estado de cosas totalmente indeseable, negativo para el funcionamiento republicano del país. Superada esta etapa el país deberá enfrentarse a un futuro que debe ser promisorio, para lo cual las inteligencias de todos deben aunarse y las discrepancias resumirse en resultados positivos.

Sin embargo el país conceptualmente debe avanzar porque ya prácticamente nadie discute que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, es decir que pueden ser perseguidos sin límites de tiempo. Además internacionalmente está prácticamente establecido, por un fallo de la Corte Interamericana, que un Estado no puede invocar ninguna disposición de carácter interno para negarse a juzgar ese tipo de delitos. Ello convierte a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, en una norma carente de legitimidad y, por tanto, inaplicable a la luz de la nueva realidad.

Confiamos en el gobierno, en los mecanismos democráticos, en las buenas intenciones de quienes, más allá de las discrepancias que puedan aparecer, buscan soluciones para el necesario desarrollo productivo, base del combate a la pobreza y de la equidad distributiva.

Para ello, claro está, la normalización del país es un paso trascendental, básico para que todos nos podamos sumar a la lucha por ganar el futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos.

De todos. *