Ante una posible reforma del Estado

Al presidente Tabaré Vázquez anunció que en el Consejo de Ministros que se reunirá mañana lunes, comenzarán a analizarse aspectos de una reforma estatal, uno de los extremos necesarios para que el país pueda encaminarse de manera continuada hacia el desarrollo. No cabe ninguna duda de que la actual estructura del Estado es absolutamente deficiente y negativa para los intereses nacionales. Además de onerosa: ¿cómo es posible que el fisco requiera los niveles de imposición que se tienen en Uruguay, con el fin primordial de sostener a un monstruo de mil cabezas, ineficiente e incapaz de renovarse a sí mismo?

Muchas veces nos preocupó que por decisiones tomadas ligeramente las empresas estatales comenzarán a deslizarse hacia una privatización por el camino de la «asociación», por ello hemos apoyado las movilizaciones populares en defensa de Antel y de Ancap, en que el pueblo uruguayo se definiera con claridad meridiana. Pero, eso es bien claro, ni unos ni otros queremos que esas empresas públicas, mantenidas en la esfera estatal, les hagan pagar a los usuarios por sus servicios, medidos a nivel internacional, los precios más altos. Y menos, para mantener islas de privilegios.

Desde aquellos tiempos, cuando ya tiene un buen período de asumido el gobierno popular, el mecanismo de incremento de las tarifas públicas sigue siendo el único recurso de ajuste de esas empresas que, por ese arbitrio, nos hacen pagar los combustibles más caros de todo el continente, un ojo de la cara por utilizar el teléfono y tarifas de Internet, sin relación con las que se manejan ni en los países vecinos ni en los del primer mundo.

Ni hablar de la energía de UTE o del agua que provee la OSE. Por supuesto que sabemos de algunos esfuerzos, como los de Ancap, al desprenderse de las estaciones de servicio en la Argentina, un verdadero cáncer que, obviamente, pagamos todos en los precios de los combustibles.

Si bien en el sector privado hemos recuperado algo de nuestro poder de compra por la puesta en vigencia de los Consejos de Salarios, otros compatriotas en el sector público se mantienen dentro de márgenes de orfandad. Hablamos, por supuesto, de algunos sectores, especialmente de la administración central, de Salud Pública, de la Enseñanza, policías y militares, que no han visto recompuestos sus ingresos y siguen sorteando a duras penas una situación de crisis que para ellos sigue vigente.

A nuestra mesa de trabajo llegan informaciones de las propias empresas públicas, que dan cuenta de la existencia de situaciones de privilegio. Funcionarios con nivel de gerentes, que en algunas de ellas suman cientos, de dudosa eficacia funcional, que cobran como si trabajaran para empresas de países altamente desarrollados, sueldos y compensaciones que poco tienen que ver con la realidad cotidiana de la mayoría de los uruguayos.

Muchas veces se habló de una reforma del Estado seria, que ahora el gobierno promete encarar, que tenga en cuenta las absurdas disparidades salariales existentes y el despilfarro que significa la existencia de algunos privilegios inaceptables. Para colmo hay todavía quienes justifican esa disparidad hablando de capacidades, formaciones y los atractivos de esos señores que, de no ser contemplados, serían atraídos por el sector privado.

Todo es discutible y la mayor parte no es cierta, especialmente en el Uruguay, en donde el sector privado vivió sus crisis, y su bonanza actual es producto del manejo adecuado de las variables de los negocios.

No nos negamos a que el Estado o una empresa pública, para una acción puntual, pueda contratar a un técnico del más alto nivel, en base a valores internacionales. De otra manera no sería posible concretar algunas tareas. Pero lo que no es adecuado, como política general, es mantener una situación salarial de privilegio, alejada de la realidad.

La reforma del Estado se impone. Pero para dibujar el futuro de las empresas públicas debemos medir nuestra humildad y entender cuál es nuestra realidad. *