Buscando la verdad sobre "el segundo vuelo"

Por primera vez en más de treinta años, la Justicia uruguaya ha comenzado a indagar acerca de una de las denuncias de crímenes más graves en la historia reciente del país. Efectivamente algunos de los principales operadores de la dictadura empezaron a ser interrogados por el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze para conocer acerca de su participación en los operativos de represión llevados adelante en Argentina.

El pasado lunes, Charles y Guianze concurrieron al Hospital Central de las Fuerzas Armadas registrando la declaración a Ramas. El oficial, sobre quien pesa un pedido de extradición de la Justicia argentina, está internado en ese centro de atención.

Para ayer martes, estaban citados Luis Maurente y Juan Antonio Rodríguez Buratti, quienes al igual que Ramas, Gilberto Vázquez, José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ricardo Medina y Juan Carlos Blanco han sido denunciados por las desapariciones de Adalberto Soba, Alberto Mechoso y Washington Barrios.

De acuerdo a los trascendidos de prensa, Ramas reconoció haber formado parte de la OCOA Organo Coordinador de Operaciones Antisubversivas. Reconoció asimismo haber viajado en una ocasión a Buenos Aires por tareas que nada tenían que ver con la represión política, y dijo desconocer la existencia del denominado «Segundo vuelo», en que fueron trasladados clandestinamente desde Argentina y luego desaparecidos ciudadanos uruguayos y argentinos.

Las investigaciones judiciales sobre lo que se ha dado en llamar segundo vuelo, sin duda habrán de continuar en los próximos días. Con el aporte de nuevos testigos la situación irá avanzando hacia una mayor clarificación de los hechos.

El grupo de personas desaparecidas, la mayor parte de la cuales tenían vinculaciones entre sí ya que militaban en la misma organización política de resistencia a la dictadura, sobrepasa la treintena.

Hay personas cuyo secuestro fue denunciado en abril de 1976, como Ary Cabrera Prates, otro como Gerardo Gatti en junio de lo mismo año. Otros, como León Duarte en julio. Ninguno de los tres formó parte del llamado «primer vuelo» en el que fueron trasladados a Uruguay Sara Méndez, Asilú Maceiro, Ariel Soto, Ana Salvo, Ana Inés Quadros, Enrique Rodríguez, Margarita Michelini, Raúl Altuna, Sergio López y otros ciudadanos uruguayos que militaban en la Argentina contra la dictadura.

Entre los detenidos en el «Segundo Vuelo» se hallaban varios niños que fueron de inmediato separados de sus padres y padecieron distintos destinos.

A la hija de María Emilia Islas de Zaffaroni, quien a su vez esperaba un segundo bebé, Mariana Zaffaroni, se le despojó de su identidad, se le asignó otra, falsificada y entregada a un represor argentino de apellido Furci. Solo muchos años después, su abuela María Esther Gatti consiguió reencontrarse con su nieta.

Un padecimiento igualmente cruel se le impuso a dos niños hijos del matrimonio Grisonas-Julién, quienes fueron, en un operativo militar de muy dudoso heroísmo, trasladados clandestinamente a Chile ¡Y abandonados en una plaza de la ciudad del Valparaíso!

No había límites para los centuriones. Para ellos no existían las fronteras. Ni las constituciones. Ni las leyes civiles. Ni los acuerdos y tratados internacionales del derecho humanitario.

¿Cuál fue el destino de los casi treinta uruguayos trasladados en avión desde Argentina? El asunto importa porque el destino de esos ciudadanos uruguayos nos pone ante un nuevo caso de violación a los derechos humanos. Si fueron ultimados, se trata de ejecuciones sumarias, sin juicio, realizadas por funcionarios del Estado. Ejecuciones sumarias en un número tal que configura una tipología nueva: habrán sido objeto de una masacre, al estilo de las realizadas en Chile, con la caravana de la muerte o en Argentina con los asesinatos en Margarita Belén, entre otros casos no menos atroces.

Lentamente, el velo oprobioso se va descorriendo para permitir observar y confirmar en toda su crudeza el grado de vesanía con que actuaron los centuriones. La verdad se abre paso. Ahora falta que la Justicia haga su tarea. *