Sin justicia ningún crimen caduca

¿Quién quiso burlarse del pueblo? Los militares con su actitud arrogante y sus mentiras, no le dejaron al pueblo más alternativa que rebelarse contra una ley ingnomiosa, la llamada de Caducidad.

Existe una lógica a la que hay que respetar en el desarrollo de los acontecimientos de los últimos meses en torno al debate de la Ley de Caducidad o como se le llame. La lógica de la que hablo se basa en el hecho de que una de las partes principales no estuvo presente durante la deliberación ni la aprobación de dicha disposición legal que perdonaba crímenes de lesa humanidad. No podemos hablar de justicia cuando los principales actores de un eventual proceso de «normalización» democrática están ausentes, y lo que es peor aún, es que seguimos sin saber dónde están. En el caso de legisladores elegidos libremente por el pueblo, luego depuestos por la fuerza y asesinados en su exilio, el cuestionamiento fundamental es más fuerte aún contra cualquier intento de legislar el olvido. Algunos dan por sentado el hecho de que los desaparecidos fueron muertos en diferentes oportunidades. En ese caso sería útil saber cómo fueron muertos y dónde fueron sepultados. Nadie responde sobre los horrores que casi diariamente se narran en la prensa. Todo parece indicar que esos horrores existieron. Es más, los mismos mandos militares hablan eufemísticamente sobre su eventual existencia y su responsabilidad. Este gobierno dio una magnífica oportunidad a los supuestos responsables de tales barbaridades. La respuesta que el gobierno obtuvo fue vergonzante. No solo para el gobierno que abrió una cuota de crédito a los mandos militares para encauzar la democratización del país; fue vergonzante a nivel internacional, pues dejó en claro que no poseemos unas fuerzas armadas en las que se pueda confiar. Para la gente de la calle, para mí y para usted, la burla que representaron los supuestos aportes militares para el esclarecimiento de tan tristes hechos, colmó la paciencia y la brecha pueblo-fuerzas armadas se profundizó. Ya no hay espacio para el diálogo, lo único que resta es la exigencia por parte del pueblo para que el gobierno asuma su rol.

¿Quién manda aquí? Esta campaña que se inicia ahora y que ya no puede parar hasta que la justicia cumpla con lo suyo, es la directa consecuencia de la actitud arrogante de una banda armada que no responde a sus mandos naturales y que todavía se da el lujo de amenazar a las instituciones populares y democráticas. Más allá de las discuciones técnicas sobre la vigencia, la oportunidad, la legalidad constitucional de la leyes en cuestión, lo que prima acá es la volutad política «para marcar la cancha». El tutelaje bajo el que se han movido, voluntariamente o no, los anteriores gobiernos ya no tiene actualidad. Los pactos realizados alguna vez en la historia reciente de nuestro país, fueron realizados sin la participación de los protagonistas más importantes.

Los mandos militares se burlaron del gobierno que más del cincuenta por ciento de los uruguayos votaron, quiero decir, que estos mandos quisieron burlarse de nosotros, de usted, de mí, de los que hace treinta años que esperan una respuesta.

Los años que nos restan por vivir debemos ocuparlos en limpiar las instituciones, dar un nuevo ordenamiento jurídico y conceptual al país democrático y participativo que queremos construir, para dejarlo en herencia a las nuevas generaciones. La mayoría de nuestra generación gastó una vida entre la lucha, la prisión y el destierro. Para que esto no sea una pérdida lamentable, tenemos que derogar todas las leyes, normas y reglas que impidan hacer justicia, que nos impidan saber dónde están nuestros queridos desaparecidos y por qué es que desaparecieron y quiénes los hicieron desaparecer. No quiero olvidar a nadie, ni a uno solo, por eso es que a todos los cobijo bajo un nombre: el de Elena, como debajo de un gran manto de unidad, de ternura y heroicidad que trasciende el tiempo. *