Ecos del terrorismo de Estado

En las últimas horas el país ha vivido bajo el impacto de la fuga de un oficial detenido a partir de una solicitud de extradición formulada por la Justicia argentina.

Contrariamente a lo enunciado por el protagonista, el episodio terminó sin derramamiento de sangre y el individuo ha sido nuevamente detenido.

El desenlace incruento no le quita al episodio ni adarme de dramatismo.

Al amparo de la situación creada muchos duendes se desataron y muchas conjeturas se echaron a andar.

El hecho significativo es que los coletazas del terrorismo de Estado siguen teniendo, aunque en forma esporádica, una gravitación indeseada, un peso y una capacidad de perturbar que la inmensa mayoría de los uruguayos no desea.

Por supuesto que nuestra república no es la única de esta región del mundo que atraviesa esos estremecimientos cuando sus instituciones democráticas dan pasos destinados a resolver los infinitos problemas sembrados en años de autoritarismo y de permisividad con los verdugos impunes.

En ese contexto llaman la atención las expresiones de algunos legisladores pertenecientes a los partidos que gobernaron el país antes, una parte de ellos durante y todos ellos después de la dictadura.

Nos referimos a señores legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado.

Escuchando sus severas admoniciones acerca de los supuestos errores del actual gobierno en la custodia de los presos por violaciones a los derechos humanos, el oyente desprevenido podría llegar a imaginar que esos políticos, durante tantos decenios oficialistas, han tenido una tajante conducta de oposición al terrorismo de Estado y sus secuelas de impunidad.

Lamentablemente para el país no ha sido así. Los efectos de las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura se han prolongado por las vacilaciones, debilidades cuando no complicidades de dirigentes políticos blancos y colorados.

Así ocurrió en los ochenta y en los noventa, siempre y cuando existía una situación que obligaba a esas administraciones a enfrentar desbordes o desubiques del colectivo militar en torno al significado de sus actuaciones en el campo de los derechos humanos.

Juntos, blancos y colorados, fueron omisos cuando desde Argentina fue solicitada por primera vez la extradición de los acusados por haber participado en los crímenes de Orletti.

Juntos, blancos y colorados cerraron filas en el Senado de la República para defender la comprometida situación del ex canciller Juan Carlos Blanco, cuando el conocimiento público de una investigación administrativa realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores dejaba en evidencia su criminal participación en la desaparición de Elena Quinteros.

Juntos, blancos y colorados, cedieron ante las presiones militares cuando surgió a la luz pública el desenlace del secuestro de Eugenio Berríos.

En todos los casos los hechos vinieron a demostrar que no sólo cedieron ante la presión de los militares sino que además fueron incapaces de avanzar ni un milímetro en la solución de los problemas.

Juntos los empujaron hacia delante. «El que venga atrás que arree», pareció ser la consigna.

Hoy, cuando la permanencia de aquellas presiones se vuelve a manifestar actuando contra el prestigio internacional del país y contra la credibilidad de las instituciones, blancos y colorados están ensayando tirar sus parcos proventos politiqueros, viendo cómo obtienen, aquí y allá, algunas migajas de un prestigio civil, legalista y constitucionalista que no se supieron ganar cuando fueron gobierno. *