Los caminos a la verdad y la justicia

El Presidente de la República ha reiterado en estos días su intención de continuar actuando en materia de derechos humanos bajo el imperio de la Ley 15.848, de «Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado».

Tal afirmación concuerda bien y fielmente con lo que prometiera como candidato en la campaña electoral y reafirmara durante el histórico discurso desde las escalinatas del Palacio Legislativo el 1º de marzo de 2005.

No debería extrañarnos que desde otra óptica, connotados referentes de la izquierda uruguaya o en particular los dirigentes del PIT-CNT tengan la determinación de anular una ley caduca en el tiempo presente. Fueron los trabajadores -más que nadie- quienes se opusieron a la dictadura cívico militar, desde la huelga general del año 1973, sufriendo cárcel, tortura, exilio y muerte en las mazmorras.

El Presidente Tabaré Vázquez tiene todo el derecho de actuar en base a lo que prometió. Por otra parte los ciudadanos que entiendan que ello no satisface sus legítimas pretensiones de justicia están legitimados -de acuerdo a nuestro leal saber y entender- en todos sus cabales, para impulsar la anulación de una Ley que Caducó en este Uruguay de verdades emanadas desde la profundidad de sus raíces.

La Ley 15.848 ha muerto porque las situaciones de hecho que generaron su aprobación parlamentaria de manera acelerada no están ya presentes. Ha fenecido porque en base a esa verdad tan cruel de restos óseos todos los actores involucrados han expresado sus pareceres y asumido su cuota parte de responsabilidad en tal tragedia.

Ha caducado finalmente, en virtud de que nuestro Uruguay no puede estar a la zaga de Convenciones de derechos humanos admitidas pacíficamente por todo el concierto de las naciones democráticas que hacen a la desaparición forzada, la tortura, el secuestro de niños y adolescentes, el genocidio.

Suponemos que en virtud de ello diversas personalidades del mundo del trabajo y actores políticos han decidido impulsar una norma que vea la luz en el mismo epicentro soberano de la nación, resguardando a los orientales de aberrantes prácticas criminales.

Es menester que voces de otros partidos, incluidos los de la oposición, en especial sectores del Partido Nacional e Independiente, Unión Cívica, organizaciones de derechos humanos, La Iglesia Católica y todas las Iglesias, representantes de todas las expresiones de la cultura, se adhieran a esta convocatoria porque hoy en el Uruguay se terminó la impunidad. Ello ha sido posible exclusivamente por la lucha popular. Debe entonces elevarse la apuesta en la convocatoria a la anulación de esta rémora mal nacida porque el tema de los derechos humanos es una causa de todos los uruguayos sin exclusión. Ninguna sociedad democrática puede mantener en su ordenamiento jurídico normas contrarias al principio de igualdad ante la ley, que prive a la justicia de cumplir sus cometidos.

Los buenos propósitos de los gobernantes y ellos mismos no son eternos. Si concordamos que en el marco de la Constitución y la ley todo es razonable, admitamos entonces la discusión parlamentaria y eventual aprobación de un instrumento que nos ponga al día en tan sensible materia pendiente ya que ningún zahorí puede asegurarnos que existirá a partir del 1º de marzo de 2010 la misma firme y decidida voluntad de atravesar los umbrales del terror para hacer justicia. *