Descaeciendo la democracia

En su reciente discurso del día sábado 2 de setiembre, al cierre de las deliberaciones del Plenario Nacional del Frente Amplio, su presidente, el doctor Tabaré Vázquez, formuló una serie de apreciaciones que serán examinadas posteriormente por otras instancias de esa formación política.

En el curso de la alocución, el doctor Vázquez expresaba: «El pensamiento conservador encuentra en la globalización una coartada para reducir la política a una mera gestión de situaciones concretas y dejar que las fuerzas del mercado se encarguen del resto. Para nosotros la sociedad no es una feria ni los seres humanos una mercancía. Y sólo desde la política en tanto síntesis de valores que le dan sentido y la acción que intenta llevarlos a la práctica, la comunidad puede afirmarse como tal, mejorar su presente y construir su futuro».

Y agregaba: «Debemos reivindicar la política entendida como acción colectiva al servicio de la comunidad. Y ello pasa por afirmar y dignificar a los partidos políticos y las instituciones democráticas (…)».

Compartiendo enteramente estas afirmaciones, vale la pena señalar algunos hechos, promovidos desde el gobierno de coalición, que conducen al descaecimiento del rol y prestigio de una institución importante en nuestro ordenamiento institucional democrático: el Parlamento de la República.

El primer hecho es el anuncio surgido a partir de la decisión del Consejo de Ministros de incorporar la cuestión de las modificaciones de algunos artículos de la Carta Orgánica de Antel a la discusión parlamentaria del Presupuesto General de Gastos para el próximo quinquenio.

No se puede compartir este criterio por dos razones.

En primer lugar por la importancia que para el desarrollo económico y social del país tiene el Presupuesto Quinquenal.

Se trata, ni más ni menos, que de la regulación de todo el gasto público, en todas las materias y de los recursos que lo hacen posible.

Vista la singular coyuntura desfavorable que atraviesa el país, son muchas las expectativas que surgen ante la principal decisión que el gobierno adoptará en los próximos cinco años.

Es razonable entonces que ambas Cámaras y las respectivas comisiones y todos los partidos y todos los legisladores oigan los aportes de los técnicos, las demandas sectoriales o profesionales y aporten sus puntos de vista, para asumir luego una decisión consciente y responsable.

Mal se puede actuar con la minuciosa atención que exige un presupuesto si otro tema, tan polémico como la eventual privatización de ANCEL, también está en el orden del día.

A la vez, las modificaciones propuestas a la Carta Orgánica del Ente de las Comunicaciones, constituyen un debate de proyección estratégica.

Se entronca con otro debate importante, que fue el que conmovió al país entre 1990 y 1992 y que culminó con el plebiscito de aquel año, instancia democrática que dio un rotundo no a los afanes privatizadores del gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle.

Otro elemento que contribuye a descaecer la función y prestigio de la institución parlamentaria surge de las afirmaciones del diputado José Carlos Mahía, quien denunció ante la Comisión de Transporte de la Cámara la eventual subasta de las acciones de la sociedad anónima que será la propietaria de la Terminal de Contenedores.

Después de las graves irregularidades constatadas en ese terreno y de las discusiones y decisiones parlamentarias sobre la licitación, ahora todo se estaría tramitando de espaldas al Parlamento, sin permitirle a éste ejercer las funciones de contralor que la Constitución de la República le asigna con jerarquizado énfasis.

Este proceso, junto con el envaramiento de la vida política de los partidos tradicionales, cuyo único objetivo parece haber sido el electoral, son factores que, como decíamos al principio, tienden a un descaecimiento profundo de la democracia.