Hacia el reencuentro con la justicia

Poco a poco, el círculo de la verdad y la justicia parece empezar a cerrarse sobre el espeso manto de una impunidad que parecía sólidamente afianzada y que ahora exhibe fisuras que van profundizándose a medida que pasa el tiempo y sobre todo merced a que, desde el gobierno, se adopta una postura radicalmente opuesta a la sustentada por los gobiernos anteriores.

La Ley de Caducidad, pergeñada por políticos complacientes y votada bajo la amenaza de quiebre institucional, fue interpretada torcidamente por sus propios impulsores, quienes no vacilaron en violar su espíritu y su letra para taponear las pequeñas puertas que la propia ley había dejado expeditas y que permitían excluir ciertos casos y a ciertos actores de la impunidad consagrada.

Fue así que se pasaron por alto disposiciones clarísimas contenidas en la norma. Por ejemplo, se pretendió amparar a los civiles colaboracionistas cómplices de delitos de lesa humanidad, cuando la ley sólo ampara a militares y policías; hubo que esperar casi veinte años para que Juan Carlos Blanco fuera formalmente acusado y procesado por el secuestro y posterior desaparición de Elena Quinteros, ya que la interpretación del Ejecutivo hacía imposible que la Justicia actuara. Tampoco se tuvo en cuenta la excepción estipulada en la Ley de Caducidad respecto de los delitos cometidos para obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Se soslayó la disposición según la cual los delitos amparados por la caducidad debían haberse cometido por móviles políticos y en acciones ordenadas por los mandos. En fin, y para concluir con este recordatorio de violaciones flagrantes de la Ley de Caducidad, corresponde señalar el incumplimiento grosero de su artículo cuarto, que ordena al Ejecutivo a investigar la suerte corrida por los desaparecidos.

Los que pretendieron los gobiernos de Sanguinetti y Lacalle fue interpretar que la Ley de Caducidad había sido una ley de amnistía, cuando a todos consta que no fue esa la intención de su principal impulsor, el extinto líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate.

Hoy, las cosas han cambiado, y han cambiado para bien. Hoy tenemos un Poder Ejecutivo que se comprometió públicamente a respetar la Ley de Caducidad y, más recientemente, ha expuesto su intención de mantener su vigencia contra la corriente de opinión favorable a promover su anulación. No obstante ello, y precisamente porque la letra de la ley es clara al respecto y el gobierno ha asumido el compromiso de respetarla y de aplicarla sin violentar su espíritu, la solidez de aquella coraza protectora se resquebraja y la verdad y la justicia asoman.

Precisamente porque no se trata de una ley de amnistía, los delitos amparados por la caducidad de la pretensión punitiva del Estado no se extinguieron. Y como la mayoría de esos delitos cometidos al amparo del terrorismo de Estado son delitos de lesa humanidad, se trata de delitos imprescriptibles.

El círculo comenzó a cerrarse cuando se dio curso normal a la solicitud argentina de extradición de la «patota de la OCOA» y los requeridos fueron encarcelados a la espera del fallo judicial. Debemos reconocer que hubiéramos preferido mil veces que se juzgara a esos criminales en nuestros propios tribunales, pero de todos modos, tenemos la sensación de que se empieza a hacer justicia.

Pero otros casos, no amparados en la caducidad, empiezan también a ventilarse ante la Justicia de nuestro país. Son de los casos que los gobiernos anteriores habían considerado comprendidos en la ley pero que la administración del doctor Vázquez considera –con criterio acertado– que no deben ser alcanzados por la impunidad.

En la medida en que se siga por este camino, nos iremos acercando a la verdad y la justicia. *