Con confianza, a la espera del fallo

A estar a la opinión de analistas, técnicos, juristas y politólogos, Uruguay habría salido vencedor del primer round en este enfrentamiento con Argentina por la instalación de las dos plantas de celulosa a orillas del río Uruguay. De todos modos, conviene tener en cuenta que, para celebrar, deberemos esperar el fallo definitivo que se producirá luego de que los jueces estudien los argumentos expuestos por una y otra partes, deliberen y adopten posición; para ello habrá que aguardar a que concluya el receso de verano durante el cual los magistrados se tomarán vacaciones.

Sin embargo, como queda dicho al comienzo, hay un inocultable optimismo en la delegación que asistió a las sesiones del tribunal en La Haya y en el gobierno uruguayo respecto del buen fin del diferendo.

En definitiva, salvo la solidez formal de las exposiciones de los juristas que nos representan y algún nuevo elemento de juicio surgido en la respuesta dada por el especialista italiano Luigi Condorelli, la instancia sirvió para confirmar la razón que asiste al Uruguay y la legitimidad de su posición.

Aparentemente, la medida cautelar exigida por Argentina de suspensión de las obras es de una improponibilidad manifiesta, y resultaría más que sorprendente que el alto tribunal internacional emitiera un fallo favorable haciendo lugar al recurso. Por otra parte, la argumentación del jurista florentino ya mencionado incorpora un elemento formal nada desdeñable y aparentemente terminante para no hacer lugar a la pretensión argentina de que se suspenda la construcción de las plantas. En efecto, el catedrático de la Universidad de Florencia ha planteado que la Corte no tiene potestades para ordenar una medida cautelar; pero incluso si las tuviera, una decisión en ese sentido supondría nada menos que un prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo planteada por la Argentina que sostiene la tesis de que se ha violado el Tratado del Río Uruguay.

En su planteo ante el Tribunal Internacional, el gobierno de Kirchner sigue la misma línea argumental expuesta desde que surgió el diferendo. Esto es, que el proceso de fabricación de celulosa es de los más contaminantes; que libera toxinas varias y causa problemas respiratorios e inmunológicos a los niños; que el daño ambiental sería irreversible; que ya se han producido efectos negativos en el mercado inmobiliario de Gualeguaychú; y finalmente, que Uruguay no cumplió con lo estipulado en el Tratado del Río Uruguay de 1975, que establece la obligación de informar al país vecino de emprendimientos fabriles que puedan tener efectos nocivos sobre el curso de agua común.

De toda esa argumentación, en la que predominan aspectos subjetivos y tiene más de proclama de un ambientalismo fundamentalista que de razonamientos sensatos pues augura un futuro catastrófico y apocalíptico imposible de comprobar, sólo podría tener sustento jurídico lo relativo al presunto incumplimiento del Tratado del Río Uruguay de parte de nuestro país.

Este punto, sin embargo, queda desvirtuado cuando Uruguay presente toda la documentación que prueba cómo nuestro país mantuvo informado a su vecino sobre los proyectos de instalación de las pasteras. Al respecto, cabe insistir y recordar que en marzo de 2004 los respectivos ministros de Relaciones Exteriores Didier Opertti y Rafael Bielsa habían llegado a un acuerdo respecto de la instalación de las fábricas por el que se había aprobado en el ámbito de la CARU un plan de monitoreo conjunto sobre los efectos de las plantas.

En resumen, sin caer en falsos optimismos, podemos aguardar con serenidad y con confianza el veredicto de la Corte de La Haya porque nos asiste la razón. *