Crímenes que siguen clamando justicia

Hoy, 20 de mayo, se cumplen veinte años de uno de los crímenes más atroces de la historia contemporánea de nuestro país: el asesinato de dos líderes políticos, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de dos militantes revolucionarios, William Whitelaw y Sonia Barredo.

Ya el episodio en sí, abordado incluso despojándolo de sus inevitables contextos, concentra toda la infamia, el engaño y la villanía de quienes en aquel momento se encontraban en las cimas del Estado, tanto en Argentina como en Uruguay.

Efectivamente, al asesinato de los dos dirigentes políticos conocidos por su militancia pública en el Frente Amplio y el Partido Nacional, se agregó el de una pareja de militantes jóvenes, inclusión mediante la cual se pretendió enturbiar las aguas presentando el episodio como una lucha entre grupos de izquierda.

Tuvo aquella mentira patas muy cortas. Y muy rápidamente el mundo supo que se trataba de un crimen de la dictadura uruguaya con la complicidad activa de los dictadores que se habían adueñado del poder en Argentina.

El asesinato de Zelmar y el Toba, desde entonces, se ha transformado en un episodio emblemático. Un punto de referencia para todas las personas, movimientos y tendencias políticas en el país que se identifican con las tradiciones democráticas y libertarias que caracterizaron a Uruguay durante mucho tiempo.

Ambos legisladores formaron parte de la minoría de parlamentarios que en el invierno del 72, alzaron sus voces de protesta y sus denuncias, mientras el país vivía bajo el «Estado de Guerra Interno» y regía la suspensión de las garantías individuales previstas en la Constitución.

En ese invierno de 1972, asistimos al prolegómeno del largo ciclo de dictadura que recién conoció su final en 1985. En ese momento en nuestro país se instaló la maquinaria de la represión terrorista, se generalizó la tortura, se montó el andamiaje de la «justicia militar» y se violaron todos los derechos democráticos de la población.

Desde el Parlamento, prácticamente en soledad, los legisladores de izquierda se convirtieron en los portavoces de los derechos humanos de todas las víctimas de la represión. Por sus bocas se conocieron las denuncias que la prensa tenía prohibido publicar y que no llegaban a la justicia ordinaria pues ésta había sido sustituida por fiscales y jueces militares.

En esos años siniestros, las resistencias democráticas se desarrollaron en forma clandestina y nunca cesaron. No cesaron en 1972 y tampoco en 1973 cuando el Parlamento nacional fue clausurado y en su lugar se instaló un Consejo de Estado nombrado por los mandos militares. Hubo una gigantesca huelga general contra el golpe y aun después de terminada la misma, la resistencia de los trabajadores continuó bajo mil formas.

En esos años, pese a que el círculo de la dictadura se estrechaba en el Cono Sur, con dictaduras militares en Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina, las resistencias civiles se mantuvieron: denuncias que circulaban de mano en mano, colectas en solidaridad con las familias de los presos políticos, muros pintados que pedían la libertad de Seregni, de Jaime Pérez, de los rehenes y de todos los presos políticos.

Resistencias en la Universidad, manteniéndose el apoyo a la FEUU. Resistencias de los sindicatos agrupados en la Convención Nacional de Trabajadores que lograron enfrentar las campañas lanzadas desde el Ministerio de Trabajo para desalojar a la izquierda de las organizaciones obreras.

Cuando en mayo de 1976 se decidió ultimar a Zelmar y al Toba era una forma de reconocer que la batalla la estaba perdiendo el despotismo.

Era una forma de amenaza, cruel y brutal, propia del terrorismo de Estado, mediante la cual se les decía, a los hombres y a las mujeres que protagonizaban la resistencia cotidiana: nosotros, los dictadores civiles y militares, todo lo podemos. Somos omnipotentes. Matamos a Zelmar y al Toba, ¿qué no podríamos hacer contigo?

Recién 30 años después la justicia parece acercarse a este crimen contra la democracia y contra el pueblo uruguayo. *