En pos de la verdad, las actuaciones continúan

De acuerdo con la información publicada en LA REPUBLICA en su edición del viernes 5, el gobierno ha decidido la continuación de las excavaciones en predios militares a efectos de avanzar en la búsqueda de restos de ciudadanos desaparecidos.

La resolución del gobierno se adopta en momentos en que la Justicia y el Poder Ejecutivo en Argentina tramitan un nuevo pedido de extradición de funcionarios militares que, habiendo revistado en la OCOA y teniendo como base de operaciones el local de Automotores Orletti, aparecen reiteradamente mencionados en testimonios de sobrevivientes de la represión de aquellos años.

Todo parece indicar que el gobierno adoptará para este caso el mismo criterio legalista que presidió su actuación con relación a los tres militares pedidos por la Justicia chilena que se encuentran declarando en Santiago ante el ministro Madrid, en la investigación que se sigue sobre las operaciones consumadas durante la permanencia, secuestro, asesinato y posterior desaparición de Eugenio Berríos.

Ese criterio responde a la tesitura, anunciada con mucha anticipación, del Poder Ejecutivo en el sentido del acatamiento a las decisiones del Poder Judicial. En resumidas cuentas se trata, nada más y nada menos, que del cumplimiento estricto de la Constitución de la República en uno de sus más sufragados capítulos: la vigencia del principio de separación de poderes.

Sucede que para algunos sectores militares ligados a la represión durante la dictadura, la violación de la Constitución no terminó con el cierre de las Cámaras el 27 de junio de 1973. Ni con el conjunto de ilegalidades, Actos Institucionales y atropellos de todo tipo que perpetraron hasta 1985.

Para estos núcleos, la existencia de un estamento por encima de las «leyes nacionales» se ha convertido en un dato de la realidad. De su realidad. Lamentablemente, las líneas de acción que en este terreno aplicaron los gobiernos civiles que sucedieron a la dictadura no contribuyeron a disipar este desatino. Al contrario, el permanente renunciamiento de los poderes constitucionales ante la presión de los militares alentó en éstos la idea descabellada de sentirse por encima de las instituciones. Inmunes a las decisiones de los jueces y los tribunales.

La serena actitud del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de sus anunciados objetivos en materia de Derechos Humanos es un factor fundamental en el reencuentro del país consigo mismo, para empezar con la vigencia de su legalidad, de lo que estipulan claramente la Constitución y las leyes. Lo contrario es un factor de desprestigio, interno y externo.

¿Qué credibilidad en el concierto internacional podría tener una república en la que existiera una categoría de ciudadanos a quienes no alcanzan las determinaciones de la Ley? ¿Qué seguridad jurídica podría exhibir el país ante esa situación de hecho, contraria al imperio de las instituciones?

Cualquiera que durante cinco minutos deje de mirarse el ombligo y contemple los desafíos y dificultades que a un país como el nuestro le imponen las relaciones internacionales y la inserción en un mundo ferozmente competitivo, comprenderá que Uruguay no puede presentarse «en sociedad» si no lo hace mostrando la realidad de un país donde las leyes y el respeto a la Justicia están absolutamente consolidadas.

Cualquier amago de vacilación, cualquier gesto que no sea el del acatamiento a lo dispuesto por los magistrados sería un agravio a la imagen internacional del país, un ataque a los esfuerzos que, en todos los planos, el país está haciendo para salir adelante en sus relaciones económicas, sociales y políticas. Nadie debiera llamarse a engaño sobre esto. *