El caballo de Troya

Un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea uruguaya se posó el martes 18 de abril bajo un cielo plomizo en la loza del aeropuerto «Comodoro Arturo Merino Benítez» de Santiago de Chile, llevando a destino a tres militares uruguayos que han sido sometidos a proceso por el juez que investiga en la causa del homicidio al químico trasandino Eugenio Berríos.

Este personaje, que en su juventud pululara en la Universidad de Chile, con sede en Concepción, militando en el grupo de choque fascista «Patria y Libertad», que integrara la siniestra policía política chilena durante el régimen de Pinochet, que fabricara gas «sarín», que trabajara en conjunción con Michael Townley y Mariana Callejas en un galpón de una casa de Lo Curro, en el barrio alto de Santiago planificando muertes y atentados cometidos por los agentes de la DINA, ese mismo sujeto apareció asesinado entre las dunas de El Pinar, en abril de 1995.

No vamos a recrear el «iter criminis» de sus secuestradores chilenos, de la operación conjunta que determinara la eventual colaboración de oficiales uruguayos en estos hechos .

Aquí nos interesan otro tipo de valoraciones que son estrictamente políticas y que hacen a lo que advirtiéramos en estas páginas a fines de octubre pasado, cuando condenamos el archivo de actuaciones en las causas de asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Dijimos entonces que otros jueces, de otras latitudes, iban a hacer llegar el brazo de la justicia que opera en todo estado de derecho. Los hechos nos están dando la razón. No es novedad para nadie que decenas de oficiales de las fuerzas armadas chilenas han sido procesados y muchos condenados por delitos de lesa humanidad. Tampoco es novedad la más que reciente aplicación de la amnistía para el General Sergio Arellano Stark, por su presunta participación en la «Caravana de la Muerte», que recorriera Chile a lo largo ordenando fusilar opositores a la dictadura militar. Naturalmente, la abogada Carmen Hertz, entre otras, esposa de unos de los fusilados y activista de los derechos humanos, apelará ese fallo y un tribunal de alzada determinará en otra instancia cuál será la suerte del general Arellano. En Chile hay un grado creciente de democratización del Poder Judicial, de profundos cambios en el sistema procesal penal, pero aún hoy existen bolsones de impunidad y jueces que responden a 17 años de terror y vergüenza.

¿Habrá condena para un colaborador directo del dictador como Arellano Stark?

¿Existirá sentencia condenatoria para los militares uruguayos ya en estas horas interrogados por el juez actuante en Chile?

Nosotros habríamos preferido de todas maneras que los jueces y fiscales de acá hubiesen hecho su tarea, cual es investigar y encontrar elementos de prueba que determinaran la coparticipación de oficiales chilenos y uruguayos en el brutal crimen de Berríos, elementos que por otra parte abundaron para llevar adelante un juicio imparcial y justo.

Este viaje de Radaelli, Sarli y Casella a enfrentar su responsabilidad en el caso Berríos se debe a la inercia de los jueces uruguayos, la misma inercia que nos lleva a preguntarnos: ¿Son ellos los responsables de este crimen que puso en jaque a nuestro ex presidente Lacalle, que generó respuestas evasivas de altos mandos de las FFAA, por llamarnos naturalmente a ser -por decirlo de alguna forma- elegantes y políticamente correctos?

La cuestión de fondo es: ¿Qué grado de responsabilidad civil existe frente a este aberrante crimen en los poderes del estado de aquella época y en los altos mandos militares?

¿Es posible que esos mismos mandos del Ejército le hayan pedido al presidente Lacalle que lisa y llanamente no se metiera en el tema Berríos?

Todo es una enorme conjetura en la medida que la Justicia uruguaya, la misma justicia uruguaya que le viene cerrando sus puertas a Zelmar, «Toba», Barredo y Whitelaw por el execrable magnicidio, del que nos acercamos a su 30º aniversario, no ha sido conteste en investigar en el tema de los derechos humanos, como si en esta nación no hubiera ocurrido nada.

Las respuestas están a la vista de los señores jueces y fiscales. No se puede vivir tapando el sol con los dedos. Las evidencias queman y lo más preocupante resulta de los hechos perpetrados en las últimas horas, atentando contra jueces o amenazando a personalidades públicas.

La lucha contra la impunidad exige un Poder Judicial vernáculo que responda a la realidad existente en el país en torno al drama de restos óseos aparecidos en recintos militares, a lo que ha sido a lo largo de este año de gobierno de izquierda la respuesta de la cadena de mandos a un solo comandante en jefe que es el Dr. Tabaré Vázquez, presidente de la República.

En el marco de la Constitución y la ley -y sólo en ese marco- debe operarse una interpretación de los alcances de la Ley de Caducidad que mucho nos ha perjudicado y generado este incidente que puede repetirse si jueces de la Argentina requirieran la comparecencia de oficiales uruguayos investigados en causas de derechos humanos. Esa norma interpretativa estamos seguros de que permitirá un cambio cualitativo en la actitud de los señores jueces de la República Oriental del Uruguay para actuar en el marco de su jurisdicción y competencia.

Retrotrayéndonos en el tiempo todos recordamos cuando el gobierno chileno de Eduardo Frei Ruiz Tagle le reclamó a Inglaterra el retorno de Pinochet desde Londres para ser juzgado en su país.

Muchos pensaron que los bolsones de impunidad existentes en el Poder Judicial trasandino lo iban a eximir de responsabilidades. Sin embargo, la lucha de las organizaciones de DDHH, la fenomenal gestión de Ricardo Lagos Escobar y su gobierno en el tema reparando la figura de un prócer como Salvador Allende y hablándonos desde la perspectiva de su propuesta histórica «No hay mañana sin Ayer» y finalmente la prueba de que Pinochet está involucrado en delitos económicos, han echado por tierra los malos pronósticos de justicia.

Aquí exigimos lo mismo: que la Justicia uruguaya se ponga los pantalones largos y que cumpla su papel en el marco de un estado de derecho y en sintonía con la política del gobierno actual en la materia.

Para ello nuestros legisladores deben adecuar la Ley de Caducidad refrendada por la ciudadanía en 1989 a la realidad actual que operaciones zanahorias o planes de exterminio no han podido doblegar, ni ocultar.

Así habrá finalmente justicia en nuestra tierra reparando paralelamente y sin distinción de signos ideológicos en integridad a las víctimas de atentados de carácter político, tortura y barbarie ocurridos en el pasado que tanto nos dividió.

La lucha por un Uruguay más justo nos incluye a todos los orientales. *