Acción penal por Horacio Gelós Bonilla
La acción emprendida por la Junta Departamental de Maldonado, en resolución adoptada por unanimidad, de presentar la desaparición del ex edil Horacio Gelós Bonilla ante la Justicia reviste una honda significación.
La detención, en enero de 1976, del entonces edil frenteamplista, junto con otros militantes sindicales y del Partido Comunista, seguida de la aplicación de brutales torturas, ha conmovido desde entonces a quienes se han ido enterando de los trágicos episodios.
En la jornada de ayer la denuncia, con varios testimonios complementarios, fue colocada en el Juzgado Penal de Segundo Turno de Maldonado, a cargo de la Dra. Lina Fernández, con un gran respaldo institucional y de opinión pública.
Desde hace varias décadas el conocimiento de las torturas infligidas al ex edil han indignado a mucha gente que conoció su vida y su militancia.
Gelós Bonilla, como legislador departamental, tuvo una actuación especialmente orientada a la lucha por la vigencia de los derechos humanos.
Cuando en 1973, en los prolegómenos del golpe de Estado, numerosos frenteamplistas de Maldonado fueron detenidos y torturados, Gelós Bonilla asumió, desde la Junta Departamental, una firme actitud de vigilancia democrática, exigiendo una y otra vez, informes acerca de la situación en que se encontraban los ediles entonces presos.
Esa actitud de Gelós Bonilla no agradó a los mandos de la unidad militar de la zona y en la primera instancia que la oportunidad fue propicia, la violencia de la tortura cayó con saña sobre su cuerpo.
El expediente de búsqueda de los restos del ex edil sustanciado en Maldonado está estrechamente ligado a las decisiones del Poder Ejecutivo que llevaron a las búsquedas en el Batallón Número 13 y en la Chacra próxima a la localidad de Pando donde se lograron, respectivamente, los hallazgos de restos óseos del escribano Fernando Miranda y del sindicalista Ubagesner Chaves Sosa.
Por lo demás, que el gobierno está resueltamente decidido a avanzar en la búsqueda de la verdad y no está dispuesto a aceptar presiones, quedó demostrado hace apenas unos días con la decisión de contemplar el pedido de extradición formulado por la Justicia chilena de tres militares uruguayos presuntamente involucrados en el secuestro de Eugenio Berríos.
Son pasos sustantivos e irreversibles en una línea capital elegida por el gobierno actual. Para la ciudadanía, el cumplimiento de la palabra empeñada en este terreno no puede menos que ser motivo de tranquilidad y satisfacción. *
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