¿Es necesario el Ombudsman?

Edil del Partido Colorado

Dentro de pocos días la Junta Departamental de Montevideo designará a uno de los 18 postulantes para Defensor del Vecino.

Lamentablemente no existió una discusión fecunda e informativa desde y hacia la opinión pública montevideana sobre las ventajas o desventajas del Ombudsman. Que la creación del Defensor del Vecino sea producto de un acuerdo político entre partidos no alcanza para darle legitimidad.

Estamos convencidos sobre la inconveniencia de implantar un Defensor del Vecino a nivel departamental sin herramientas que le permitan desarrollar sus funciones y que aseguren resultados a favor de los contribuyentes. Sin marco constitucional, sin una ley que demarque funciones, alcances, obligaciones y hasta las medidas coercitivas para hacer cumplir y respetar sus decisiones, el Defensor del Vecino será una figura decorativa con un costo económico. Será un eslabón más de la burocracia.

Hace 16 años que la misma fuerza política gobierna Montevideo; no es admisible escuchar nuevamente discursos de cambio. Debemos definir si somos capaces de profundizar la descentralización. Dotando de herramientas concretas a los órganos locales para administrar recursos y decidir sin cortapisas en todos los temas zonales.

La actual descentralización montevideana tiene mucho para mejorar, pero la participación de la gente es el camino correcto. Hoy participan honorariamente más de 1.300 vecinos y vecinas desde los Concejos Vecinales, las Juntas Locales y la propia Junta Departamental, desde donde trabajamos para mejorar la calidad de vidas de nuestros conciudadanos. ¿Quién puede garantizarnos que la persona designada como Defensor del Vecino podrá obtener soluciones del Municipio? ¿Quién puede afirmar que la sola presencia y voluntad del Defensor del Vecino hará rectificar al intendente o a un director ante el reclamo de un vecino? Honestamente pensamos que no es posible afirmar que esta nueva figura sin respaldo constitucional, sin mecanismos legales pueda obtener resultados.

Se dice que ejercerá mayor control sobre la gestión municipal, pero no será posible que aumente la protección y tutela jurídica de los administrados cuando no tiene fuerza legal. No es admisible que se prometa con tanta ligereza que la gente obtendrá respuestas, obras, resultados; si el Municipio no cumple con sus obligaciones, si se cometen abusos, nadie puede afirmar que esto cambiará gracias a la existencia del Ombudsman. ¿La comuna respetará los compromisos de gestión? ¿Continuará cobrando una Tasa Bromatológica que ya la Justicia se pronunció por inconstitucional? Cuando exista el Defensor del Vecino ¿la Patente de Rodados será ajustada por el valor de mercado del vehículo y con la depreciación según el año del mismo? ¿La IMM cumplirá con la recolección de residuos en forma eficiente? ¿Las veredas serán arregladas? ¿El alumbrado público funcionará en forma excelente? ¿El precio del boleto será razonable y no el más caro de América?

Estamos convencidos de que los problemas de la gente no se resuelven transfiriendo responsabilidades a una persona asalariada, cargándola de deberes pero sin herramientas ni mecanismos legales para poder cumplirlas. Hemos planteado en el pleno de la Junta Departamental un desafío a quienes impulsan la creación de esta figura; realicemos una consulta popular, permitamos que la gente se exprese sobre este tema. Así sabremos con certeza si los montevideanos creen que el Defensor del Vecino resolverá la inseguridad en que vivimos. ¿El Ombudsman convencerá a la Intendencia de impulsar y alentar inversiones que creen trabajo para los miles de desocupados que viven en Montevideo?

La Junta Departamental tiene la obligación de dar respuestas a las quejas, denuncias y demandas de los vecinos. La Constitución de la República la mandata; si se reconoce que está omisa, debemos demarcar responsabilidades.

Los mecanismos existen, debemos hacerlos funcionar con eficiencia. *