Rémoras del pasado

La extradición de tres militares uruguayos a Chile ha causado un revuelo mayúsculo y ha provocado una inadmisible respuesta castrense.

La coincidencia en el tiempo entre la sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia, por la que se confirmaron los fallos de las instancias anteriores y se concedió la extradición solicitada, y la conmemoración –no oficial– del 14 de abril, permitió calibrar hasta qué punto persiste la soberbia militar. Una soberbia surgida de la inmunidad de que gozaron durante el periodo dictatorial y del mesianismo autoadjudicado, y abonada luego de recuperada la democracia por la complacencia de los gobiernos civiles que cerraron filas decretando una impunidad absoluta. La Ley de Caducidad fue un espaldarazo que la dirigencia política conservadora no vaciló en dar a quienes habían pisoteado las instituciones y la Constitución y habían cometido los peores crímenes al amparo del terrorismo de estado. Al otorgarles la impunidad, la derecha les transmitió un mensaje que hoy, veinte años después, la mentalidad castrense predominante ha incorporado definitivamente: los militares son intocables, constituyen una suerte de estamento con privilegios especiales que los habilitan a sustraerse a la acción de la Justicia; y si algún delito han cometido, hay que perdonárselo pues ello ocurrió como un exceso inevitable en la guerra santa contra el marxismo, supremo y noble fin que justifica todos los medios.

En diciembre de 1980, luego del plebiscito, García Márquez escribió un artículo memorable titulado «El cuento de los generales que se creyeron su propio cuento». Tan seguros de sí, tan grande era su autoestima, que dieron por sentado que el pueblo los apoyaría. El chasco fue mayúsculo pero no los arredró.

Pues bien, ese mismo espíritu arrogante, prepotente, no los ha abandonado, y hoy, a más de 25 años de entonces, no pueden entender que haya un gobierno dispuesto a ponerlos en su lugar. E insisten en conmemorar el 14 de abril exhibiéndose públicamente y efectuando declaraciones destempladas en las que se oye la vieja cantilena nostálgica y justificadora de sus crímenes. Como vivimos en un régimen democrático que garantiza el respeto por las libertades, nadie osaría negarles el derecho de expresarse y de exponer su punto de vista por horroroso que sea siempre y cuando esas expresiones no transgredan las normas.

Del mismo modo, todas las garantías previstas en nuestro ordenamiento institucional rigen sin restricción alguna para aquellos militares que por la razón que sea deban someterse a la acción de la Justicia. Es así que los tres extraditados contaron con el patrocino de abogados y con la protección que otorga el derecho procesal a todos los habitantes del país.

Sin embargo, una decisión judicial clara e inobjetable (que contó con la unanimidad de todos los magistrados que actuaron en el caso), como no resultó favorable a sus intereses, desató no sólo una interpelación absurda a la ministra Berrutti sino, además –y lo que es mucho más grave–, un confuso episodio en que el juez de primera instancia y encargado de dar trámite al fallo de la SCJ habría sido objeto de un atentado como forma de amedrantamiento.

De comprobarse que efectivamente se produjo un intento en ese sentido, estaríamos ante un hecho gravísimo que merece una actitud firme del gobierno.

Es tiempo que los militares comprendan de una vez que no son inmunes y que deben someterse a las leyes y a las autoridades legítimas. Deben comprender también, que se acabó la época en que contaban con la complicidad de gobernantes pusilánimes, muy compenetrados de su papel de perros guardianes de la impunidad. Y finalmente, deben aprender que ya pasó el tiempo en que podían incidir en la vida pública haciendo barullo con los sables. *