FMI ¿en la institucionalidad nacional?

a) LOS CAMBIOS. Sin duda la institucionalidad pública y privada del Uruguay ha cambiado mucho, en muchos aspectos, en las últimas tres décadas. Varios amigos y colegas podrán dar ejemplos respecto a sus ámbitos de actividad y entre todos saldría un glosario de cambios ocurridos y no siempre deseados. Uso la palabra «cambios» porque precisamente nuestro gobierno  en el que todos sumamos- asumió para cambiar… el rumbo y los resultados blanqui-colorados de la historia.

b) EL FMI  Fondo Monetario Internacional- que es el organismo que monitorea a nivel mundial los temas del financiamiento, las deudas de los países y el sistema monetario, es otro gran tema. A los países con dificultades para atender sus endeudamientos, les da créditos «transitorios» para cubrirlas y les establece pautas de manejo financiero  a corto plazo- para sanear esas situaciones.

c) NUESTRO URUGUAY, que es «el tema»,  ultraendeudado por las administraciones de los gobiernos anteriores-, se encontró en el 2005 al FMI instalado en las poltronas decisorias de los temas financieros y económicos. Y ahí sigue estando, y de vez en cuando vemos a sus «especialistas» en las pantallas chicas de la TV evaluando con buenas «notas» el rumbo de las actuales acciones gubernamentales o prediciendo problemas para la región.

Con las tres referencias precedentes, ordeno mi reflexión sobre hechos verificados, dejando para una segunda nota referirme a la agenda nacional: económica y financiera de este 2006.

 

I – Hechos del 2005 y derivaciones:

1.Entre Marzo y Mayo el equipo económico de nuestro Gobierno, presentó «su» programa económico, financiero y fiscal a los especialistas del FMI y estos lo aprobaron. El Ministro aclaró que no era el programa del FMI, sino que era el «programa elaborado por su equipo». En ese marco el gobierno firmó un acuerdo con el FMI con vigencia hasta el 2007.

2.Con ese escenario y sus proyecciones macroeconómicas así predefinidas, el equipo económico del Poder Ejecutivo presentó  de acuerdo a lo establecido en la Constitución- el proyecto de presupuesto quinquenal de la Administración Central del Gobierno, al Poder Legislativo. El Proyecto se sustentó y se aprobó financieramente en el Sistema Tributario vigente desde la administración anterior; con muy bajo nivel de inversiones  menor al quinquenio anterior y muy lejos de las cifras de inicios de 1990. Eso significó dejar a los Ministerios y Servicios con muchas demandas diferidas para atender  según compromiso del equipo económico- en la próxima Rendición de Cuentas que se presentará en junio de este año.

3. Entre lo acordado, sí, con el FMI estuvo la cifra del Superávit Primario (recursos menos gastos e inversiones, sin incluir los intereses de deuda), que debía llegar al 3,5% en el primer año y de ahí en más al 4%. (2007 y siguientes). En el 2006 se está cumpliendo con el FMI, incluso con porcentajes algo mayores.

4. Esta restricción del superávit primario, fue lo que impidió que varios proyectos de inversión real quedaran definidos por la Ley de Presupuesto aprobada, a pesar del requerimiento de los organismos y de los legisladores. Una Ley de Presupuesto muy peculiar, que incluye una larga lista de Proyectos identificados, pero artículos que acotan globalmente la magnitud a invertir. Según la Ley sería la «administración» la que definiera  según sus criterios- cuáles proyectos serían priorizados y cuáles no, en esas magnitudes restringidas. Pero aunque estos agentes institucionales «legisladores»  habilitados por la Constitución para pedir y para co-reflexionar con el PE- no lo lograron, hete aquí HOY el FMI acaba de permitir al Gobierno «aplicar hasta 50 millones en inversiones por fuera» del cálculo del mencionado superávit primario, indicando para qué Proyectos se puede usar esa magnitud. Es curioso: el FMI «legislador» autoriza a «cambiar» el nivel del «superavit primario» que el programa del «equipo económico» había establecido con rigidez y autoriza a asignar a determinados proyectos esos 50 millones, en un marco de prioridades y alternativas que el Poder Legislativo no tuvo oportunidad de considerar. Bienvenida la posibilidad, aunque quien autoriza el gasto no figura ni en la Constitución ni en el Tocaf. (Ley del Texto Ordenado de Cuentas y Administración Financiera, de nuestro país).

5. Pero hay algo mas, en el escenario en que actúa este nuevo «co-legislador» (FMI): nuestro país cuenta con una enorme cantidad de contadores algunos -bien sabemos- notorios en muchos ámbitos. Cuenta con la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, que enseña desde siempre contabilidad pública y privada, cuentas nacionales, etc., tiene algunas universidades privadas, tiene un Tribunal de Cuentas y una Auditoría Interna de la Nación. En fin, contamos con muchos recursos técnicos hábiles en cuentas y nos interesan en particular las cuentas públicas. Ah ¡ y también tenemos a la Contaduría General de la Nación. Sin embargo, en esto de las Cuentas Fiscales lo que se usa y aplica para los cálculos oficiales, y especialmente en esto del «superávit primario» es el Manual de Cuentas Fiscales del FMI. En fin, con esto termino la primera parte de mi reflexión aunque si a alguien le interesa este tema del referido Manual del FMI, le sugiero que lea la anécdota que relato al final.

 

1«Desde luego que sí, les digo y repito que todos los Gobiernos deben ponerse de acuerdo para exigir que el FMI cambie ese manual de contabilidad pública». *