El insulto y la debilidad esencial de Argentina

Interpretar la ofensiva insultante del gobierno de Néstor Kirchner, personalizada en contra el Presidente, Tabaré Vázquez, es un interesante ejercicio que parece mostrar, al inicio mismo del análisis, que solo la carencia total de argumentos de peso en torno a la crisis planteada determina   como en este caso   el camino de la ofensa personal.

Pero, en definitiva, no nos preocupan las palabras de los voceros de Kirchner que actuaron, como bien afirma el columnista del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, por indicación del mandatario, sino lo que representa este cambio de actitud que rompe el camino dialoguista entre los dos gobiernos que, claro, se realizaba a través de los buenos oficios de altos funcionarios, en el momento mismo que Uruguay adopta la única estrategia adecuada. La de llevar a los organismos internacionales (Consejo del MERCOSUR y Tribunal de La Haya), la acción ilegal de Argentina (del gobierno de Néstor Kirchner, a la que se suma el gobierno de la provincia de Entre Ríos), que siguen sin hacer nada para restablecer una legalidad pisoteada por los piqueteros que cortan las rutas   cuando no alentando esas acciones – que están perjudicando no solo el paso de vehículos, sino en definitiva a la economía de Uruguay y, en alguna medida también, de la propia Argentina.

No creemos que la respuesta uruguaya deba realizarse en el mismo tono, pese a que las afirmaciones de los funcionarios de Kirchner son de subido calibre, porque de nada valen los intercambios de diatribas, por más que algunas de ellas sirvan para destapar embrollos, sacar «trapitos al sol» y, en definitiva, desahogar la molestia que tenemos muchos uruguayos por esa escalada del gobierno argentino que, pese a quien le pese y diga lo que diga, está demostrando una total carencia de fundamentos en sus reclamos.

Lo decimos porque la exigencia de Kirchner de que se detuvieran las obras no era más que un medida destinada a consolidar su frente interno, para satisfacer de alguna manera a los piqueteros de Gualeguaychú, pero que no tenía para Uruguay ningún sentido práctico.

Lo que ocurría era que los costos de esa paralización, especialmente de los trabajos de la empresa Botnia, hubieran tenido un costo millonario en dólares que, obviamente, quienes reclamaban la medida (Argentina), no estaban dispuestos a asumir, y que debían recaer en la empresa finlandesa o, como muchas veces ha ocurrido en nuestro país, en los bolsillos de todos los uruguayos.

Entonces ocurrió lo que todos sabemos. La empresa no estuvo de acuerdo en asumir esos costos, el Estado uruguayo tampoco, y la paralización por 90 días de los trabajos de las obras civiles, que en nada afectan al medio ambiente, no fue posible.

Fue cuando Kirchner, por decisión unilateral, resolvió suspender por segunda vez su reunión con Tabaré Vázquez y lanzar a sus funcionarios, munidos de un libreto ofensivo, a hablar de la falta de poder de nuestro Presidente.

Si falta de poder es que se cumpla estrictamente con la ley, con lo establecido en los contratos, parecería que las palabras de Anibal Fernández deberían ser dirigidas a su Presidente, que desde hace más de dos meses es incapaz de hacer cumplir la ley en las rutas de Entre Ríos.

Esperamos que desde Uruguay las respuestas a los exabruptos sean institucionales. Es inaceptable esa agresión; es casi inaudito que un ministro argentino haya dicho lo que dijo el señor Fernández. Pero en Uruguay no se debe caer en lo mismo.

La mejor respuesta al exabrupto es, por supuesto, seguir adelante con todas las acciones de denuncia de la acción ilegal que avala el gobierno de Kirchner, de mantener cortados puentes internacionales.

La comunidad internacional debe estar enterada al detalle de todos los antecedentes de lo ocurrido y, por supuesto, de las alternativas actuales que está adquiriendo esa manifiesta ilegalidad. *