Plantas de celulosa: nuevos obstáculos

Pocos conflictos –nacionales o internacionales– han tenido tantas tantas idas y venidas, tantas marchas y contramarchas como el que desde hace ya varios meses enfrenta a Uruguay con Argentina con motivo de la instalación de dos plantas procesadoras de celulosa en las cercanías de Fray Bentos.

La incertidumbre sobre cómo ha de dirimirse el pleito va ganando poco a poco al ciudadano común, quien ya a esta altura se muestra desorientado ante los mensajes contradictorios que recibe al respecto.

Sin embargo, la postura uruguaya –más allá de algunos vaivenes– aparece cada vez con más fuerza no sólo como la más coherente sino, sobre todo, como la única posible ante la prepotencia o el ninguneo argentinos. Uruguay no puede ceder a las presiones ni entrar en el juego de provocaciones. Debe exhibir firmeza al tiempo que voluntad de diálogo; otra actitud sería impensable.

El extenso informe de Manuel Flores Silva publicado en nuestra edición de ayer resulta particularmente ilustrativo por cuanto abunda en datos técnicos –provenientes de fuentes insospechables– que avalan la afirmación de que las plantas de celulosa a instalarse en Fray Bentos generarán niveles mínimos de contaminación.

La opinión de científicos, técnicos, ecologistas y ambientalistas argentinos es concluyente y pulveriza las advertencias apocalípticas lanzadas por pseudo ambientalistas violentos, tolerados y alentados por autoridades provinciales y nacionales cuyos intereses espurios se visten con los ropajes muy de moda de la defensa del medio ambiente.

Ya a esta altura nadie duda de que son muy otras las razones que llevan a Busti y sus conmilitones a oponerse a las fábricas proyectadas.

Ya a esta altura, todos sospechamos que no habrá informe técnico que los convenza y que recurrirán a todo tipo de artilugios para evitar que las plantas se pongan en funcionamiento; de nada valdrán la objetividad, la seriedad, la credibilidad y la solvencia técnica de quienes elaboren los informes pues parecen dispuestos a aceptar sólo aquellos que den la razón a sus pretensiones.

La intransigencia argentina y las chicanas, volteretas y discursos dobles de sus gobernantes han llevado al conflicto a una impasse. Un callejón sin salida con la amenaza latente de la reimplantación de los piquetes bloqueando los puentes e impidiendo la venida de potenciales turistas argentinos durante la semana de turismo.

El gobierno argentino tiene no sólo la potestad sino también la obligación de impedir los piquetes; puede perfectamente bien disuadir a esos fundamentalistas de Gualeguaychú para que depongan su actitud belicosa; puede, incluso, imponer por la fuerza el cese de los bloqueos.

Sin embargo, ante la posibilidad de ver menguada su popularidad, el presidente Kirchner se niega a tomar ninguna medida al respecto, aduciendo –en una confesión patética de supuesta debilidad– que no puede dar una orden que probablemente no será acatada.

Ahora el gobierno argentino hace aparecer el levantamiento de los cortes de rutas como una concesión graciosa, como si no estuviera obligado a exigirlo. Y al mismo tiempo, pretende que el gobierno uruguayo disponga la suspensión de las obras de instalación de las plantas, exigencia –esta sí– que escapa por completo a las potestades del Ejecutivo uruguayo.

Este nuevo retroceso no debe desalentarnos. Por el contrario, tengamos conciencia de que la razón está de nuestro lado y que al final prevalecerá por encima de los oscuros designios del más fuerte. *