La tragedia en Young y el Estado de derecho

El doloroso episodio acaecido en Young cuando se realizaba una actividad promovida por un canal de televisión ha dado lugar a la afloración de una serie de opiniones y problemas que, normalmente, aparecen poco visibles.

Resulta fácil comprender la conmoción emocional vivida por las personas, vecinos y autoridades, que participaron del evento y fueron testigos de la singular y trágica conjunción de la muerte accidental con la buena voluntad, el espíritu solidario y el afán auténtico de llevar adelante una obra humanitaria concreta, con un destinatario merecedor de todo el apoyo de la comunidad, como lo es el hospital de la localidad. Sensibilización ante la mutilación y la muerte de personas movidas por esa voluntad de ayudar a otros, de mejorar lo público, lo que es de todos.

Ahora bien, la respuesta emocional ha sido una justificada primera instancia, un primer impacto humano ante la muerte absurda e injusta, ante los desgarradores daños físicos padecidos por la gente de buena voluntad que participaba de la iniciativa.

La sociedad humana es emoción pero también es razón. La labor reflexiva que se ha ido plasmando en las instituciones del Estado de derecho, el las leyes y los códigos que regulan las relaciones sociales, establecen funciones y asignan responsabilidades.

A través de sus órganos jurisdiccionales competentes el Estado establecerá las responsabilidades de quienes tuvieron que ver con la promoción y organización del evento en Young. Y al hacerlo tomará en cuenta todos los factores que deben estar presentes en la regulación de este tipo de actividades.

Las cuestiones de la seguridad pública también afloran en situaciones como la vivida en Río Negro. Y cuando el resultado es nada menos que una tragedia de las proporciones que asumió la ocurrida en Young el 17 de diciembre, la labor del Poder Judicial adquiere una importancia trascendente.

Ni la sociedad uruguaya ni los vecinos de Río Negro pueden quedar sin tener una visión precisa, recabada con todas las garantías técnicas, acerca de lo ocurrido. Es preciso que la verdad se conozca, en toda su dimensión y con todas sus consecuencias. La verdad de lo sucedido y la determinación de las responsabilidades son previas a las conclusiones acerca de los otros aspectos, de valoración ética, que rodean al episodio.

En forma si se quiere insólita, todavía no se habían terminado de evaluar las pérdidas humanas y el estado de los heridos y mutilados en el episodio cuando ya se oían expresiones de autoridades que decían que «al asunto no hay que darle más vueltas. Fue un accidente. Las víctimas murieron por amor».

La investigación del episodio tendrá todas las vueltas que tenga que tener hasta que se sepa, a través del examen científico de los testimonios, qué es lo que ocurrió. Están en juego vidas humanas y el destino de personas que quedarán mutiladas por el resto de sus días. Los que están en juego no son valores desdeñables.

Toda actividad pública, desde la que se lleva a cabo en una pequeña sala de cine o de teatro, está regulada por una serie de normas destinadas a asegurar parámetros mínimos de seguridad. El país tiene en este terreno una larga experiencia y una antigua legislación. Incluso una empresa pública prestigiosa y eficiente que ha hecho de ese campo de la actividad humana una fuente de conocimiento y calificación para acceder a mejores niveles de seguridad en todos los campos del quehacer humano.

Si las normas son exigentes y precisas para prevenir accidentes en campos de actividad rutinaria y con riesgos mínimos con cuánta más razón se hacía necesaria la exigencia técnica y profesional de la seguridad cuando se pensaba mover, con tracción humana, una locomotora de casi 57 toneladas de peso. *