Otro paso adelante

La Suprema Corte de Justicia emitió un fallo que todos coinciden en calificar de histórico: en instancia de casación –recurso interpuesto por la defensa– el máximo órgano del Poder Judicial confirmó las sentencias de primera y de segunda instancia dictadas tiempo atrás, por las que se hacía lugar a la extradición solicitada por la Justicia chilena de tres militares uruguayos, dos de ellos en actividad.

Esta sentencia inapelable, votada por la unanimidad de los ministros de la SCJ, marca un hito, un antes y un después, y constituye un precedente valiosísimo en lo que tiene que ver con la sumisión de los militares a la Justicia ordinaria.

El «caso Berríos» reveló en toda su crudeza el modus operandi de tipo mafioso que practicaron militares vinculados a la represión durante los años de plomo. Ante la posibilidad de que Eugenio Berríos, citado a declarar ante un tribunal chileno, pudiera aportar información sobre el accionar de las fuerzas represivas, los esbirros chilenos y uruguayos volvieron a juntarse esta vez para hacer desaparecer a alguien que había participado en delitos de lesa humanidad y cuyo testimonio podía comprometerlos.

La peripecia del químico chileno es por todos conocida. Fue traído mediante engaño a nuestro país, secuestrado por quienes se suponía debían protegerlo y luego asesinado; su cadáver apareció años después semienterrado en una playa de Canelones.

El caso fue denunciado ante la Justicia uruguaya, pero el gobierno de la época apeló a todo tipo de recursos para evitar la investigación. De nada valieron los sólidos argumentos con que se demostraba que el delito no estaba comprendido en la Ley de Caducidad. Fue más fuerte la presión militar ejercida desde las cúpulas castrenses y desde los círculos vinculados a la represión en Chile. Parecía que la Ley de Caducidad había logrado instalar la idea de que la impunidad otorgada a los terroristas de Estado no estaba acotada en el tiempo y que los militares gozarían de inmunidades especiales sine die.

Muy probablemente esa percepción deliberadamente errónea operó en el sentido de ejercer presión sobre los jueces y de hacerles suponer que los militares eran intocables, idea abonada por la dirigencia política de ambos partidos tradicionales.

De ese modo, presiones, chicanas, dilaciones, lograron entorpecer la investigación al punto que la fiscal de Pando, Nancy Hagopián, pidió el archivo del expediente por no haber encontrado «elementos de convicción suficientes» para procesar a los implicados –perfectamente individualizados pero prolijamente protegidos– y continuar la indagatoria.

Sin embargo, paralelamente, la Justicia chilena que entendió en la causa había juzgado en ausencia a los tres militares uruguayos implicados en el crimen de Berríos y había cursado el pedido de extradición que ahora ha sido otorgado definitivamente por la Suprema Corte de Justicia.

Todos los espíritus democráticos deben regocijarse con este fallo judicial que viene a mitigar en parte el vergonzoso papel cumplido por los gobiernos genuflexos y las omisiones de ciertos funcionarios de nuestro sistema judicial.

La reciente decisión de la Justicia abre las puertas a nuevas actuaciones e investigaciones.

Pero lo más importante es que ha permitido comprobar que los militares no son intocables, y que basta la firmeza de las autoridades y su voluntad política –dentro del más estricto respeto a las instituciones y al ordenamiento jurídico– para empezar a aventar fantasmas y a derribar mitos. *