Era posible

En momentos en que connotados terroristas de estado –señalados desde hace más de veinte años como autores y/o cómplices de crímenes de lesa humanidad– son citados en sedes judiciales, vale la pena recordar el discurso timorato y mentiroso de los gobiernos democráticos posdictadura.

Un discurso que apostaba a instalar el miedo en una sociedad demasiado castigada por doce años de dictadura y que pretendía volver a la normalidad institucional al precio que fuera. De manera sutil –y a veces no tanto– blancos y colorados lograron que el colectivo social internalizara la idea de que la pretensión de juzgar a los criminales podía conducir a un quiebre institucional.

Junto a este argumento se esgrimió el de la equidad, es decir que, puesto que se había amnistiado a los guerrilleros, correspondía perdonar también a los funcionarios encargados de la represión.

Este último recurso no resiste el menor análisis. Ya ha sido suficientemente demostrado que la ley de amnistía promulgada por el primer gobierno de Sanguinetti sirvió para reparar una situación esencialmente injusta ya que la mayoría de los ex guerrilleros habían pagado en exceso sus delitos al haber padecido años de prisión en condiciones inhumanas además de otros castigos aberrantes.

Pero el primer argumento, el del peligro de un desacato militar, caló hondo en la ciudadanía y fue decisivo a la hora de ratificar la Ley de Caducidad en abril de 1989. Todavía estaba fresca en la memoria la amenaza del general Medina convenientemente abonada por los líderes de la impunidad y del olvido. Los abanderados del ninguneo, del «no tener ojos en la nuca», del «no se puede» lograron su objetivo; y después de confirmada la norma indecente, se las ingeniaron para taponear ilegalmente cualquier resquicio por donde hacer lugar al reclamo de verdad y justicia.

Fue así que decretaron una y otra vez que todos los delitos (aun aquellos cometidos por civiles o que escapaban a las condiciones del artículo 1º de la Ley) estaban amparados en la caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

De ese modo, la humana pretensión de la sociedad de conocer la verdad sobre el destino final de los desaparecidos chocó contra la barrera ominosa de la voluntad contraria de los gobernantes. Una y otra vez, las investigaciones ordenadas por el Ejecutivo fueron meras parodias, groseras caricaturas de investigación. Fueron una burla a los reclamos de la sociedad y al dolor de los familiares.

Veinte años después de recuperada la normalidad institucional y la convivencia democrática y luego de transcurridos dieciséis de la ratificación plebiscitaria de la ley de impunidad, las heridas no habían cicatrizado y la deuda del Estado con la sociedad no había sido saldada. Lejos de propiciar la reconciliación, el olvido y el perdón, la impunidad otorgada a los terroristas de estado resultó un elemento irritante que no acalló las voces de protesta.

«La esperanza de que la política iniciada por la Comisión para la Paz bajo la administración pasada y el impulso dado por el gobierno actual al esclarecimiento del destino de los desaparecidos marque definitivamente el reencuentro de la paz y la armonía que ha eludido a nuestra sociedad desde las épocas aciagas del régimen militar», concluye una nota editorial de El Observador del 15.03.06, luego del entierro de Ubagesner Chaves Sosa.

Lo que no dice la nota es que por qué la paz y la armonía han eludido a nuestra sociedad. Hay que dejar bien en claro que los únicos responsables de esa omisión han sido quienes nos gobernaron desde la salida de la dictadura hasta marzo de 2005.

Y que bastaba la voluntad política demostrada por el gobierno actual para investigar y someter a la Justicia los casos no comprendidos en la Ley de Caducidad, de manera que ese reencuentro de la paz y la armonía deje de eludir a la sociedad.

Ahora los uruguayos sabemos que era posible hacer comparecer a los terroristas de estado ante un tribunal de justicia. *