El fin de otro mito

Dos militares de intensa actuación en los años más duros de la represión llevada adelante por el Estado terrorista contra la población han sido citados para declarar en la órbita de la Justicia ordinaria.

Juan Rebollo y José Gavazzo han sido los primeros. Nada permite suponer que serán los últimos militares en comparecer ante un magistrado para dar cuenta de su participación en los hechos criminales denunciados con reiteración durante decenas de años.

La comparecencia de los funcionarios no debería ser objeto de ninguna referencia especialmente jubilosa o apenas llamativa. Citado por el juez que actúa en la causa, todo ciudadano debe concurrir.

¿Qué es lo que ha transformado esta concurrencia en un hecho digno de mención y de comentario periodístico?

Se podría decir que la circunstancia que da relieve a esta presentación «normal» de un funcionario ante un magistrado está en el hecho de que los que hasta ahora se opusieron, mejor dicho, los gobernantes que hasta ahora se opusieron a que ese trámite jurisdiccional «normal» se sustanciara, son políticos que siguen actuando y se demoran en el anhelo de obtener del pueblo apoyo –y votos– para el ejercicio del poder público.

Vale la pena preguntarse: la ciudadanía, la cátedra, los parlamentarios o los ediles democráticamente elegidos, ¿consideran que la citación a la sede judicial fue un hecho temerario? ¿Creen que se trata de un hecho irresponsable que pone en riesgo la estabilidad institucional del país?

¿Sienten, acaso, que la decisión del Poder Judicial fue un acto revanchista, movido por inconfesables propósitos de venganza?

Porque si, equivocadamente, la mayoría de la población, de los principales periódicos y líderes populares, creyera que la decisión judicial fue un error/provocación/revanchismo, entonces se podría concluir que, actuando equivocadamente, actuando por seguidismo y no como debe actuar un gobernante, con apego a la ley y al derecho a la justicia, actuando tentado por la facilidad de la demagogia, los señores Sanguinetti, Batlle y Lacalle habrían procedido muy mal pero con un cierto pretexto. El pretexto de la opinión pública.

No es el caso. No actuaron para mantener la impunidad presionados por la opinión pública. Actuaron incorrectamente, alentaron la insoportable impunidad por sus preferencias y sus intereses políticos.

Frenaron todos los impulsos de la sociedad hacia la verdad y la justicia.

Propalaron el temor ante la verdad y ante la justicia.

Desde las máximas cimas del poder alentaron el miedo.

Introyectaron el temor en la ciudadanía para que se perpetrara la impunidad.

Decir Batlle, Lacalle y Sanguinetti es nombrar a los principales líderes de las derechas de los últimos veinte, treinta o cuarenta años. Lo son todos desde entonces. Son siempre desde entonces. Entre los tres mantuvieron el monopolio colorado y blanco de todos los cargos del Poder Ejecutivo.

Los viejos jefes garantes de la impunidad. Los viejos rutinarios, aburridos jefes de los partidos de la impunidad.

Están ahí, dedicados ahora a hacer oposición, los viejos defensores de la impunidad.

Los profetas que sentenciaban de manera inapelable que la verdad y la justicia no eran posibles. Que había que resignarse a un Estado de derecho que amparaba, de facto, a violadores de los derechos humanos; ellos ahora son la oposición al gobierno progresista.

Nadie debiera extrañarse entonces en constatar que a ellos son muy pocos los uruguayos que les otorgan unas chirolas de credibilidad. Porque, realmente, están muy desprestigiados.

Los mitos que levantaron se han ido cayendo uno a uno. *