Por verdad y justicia: la lucha continúa

Los hechos del presente y el juntarse de los aniversarios le han dado a estos últimos días un contenido político e ideológico más denso que lo habitual.

El formidable acto público con el que se velaron los restos recuperados de Ubagesner Chaves Sosa, en la tarde de ayer; el paro general que después del mediodía inmovilizó a buena parte de la ciudad; la posterior marcha de la multitud acompañando el féretro hasta el Cementerio de Buceo, le dieron a la jornada presencia humana, representatividad social, expresión de sentimientos ampliamente extendidos entre la población trabajadora.

Era, además, una nueva instancia de conmemoración del Día del Liberado, que evoca la libertad de los últimos presos políticos, en 1985.

En la jornada se hizo presente, más de una vez, la totalidad de lo que ha sido la lucha por verdad y justicia, contra la impunidad y de denuncia de la situación de las víctimas de la desaparición forzada de personas. Y, por tanto, la presencia simbólica y emocional de la reciente identificación de los restos del escribano Fernando Miranda, una figura, también, emblemática de las luchas de los años setenta contra la dictadura.

Este conjunto de hechos, evocaciones y aniversarios dio lugar a una nueva exteriorización de los profundos y extendidos sentimientos de rechazo al olvido y a la impunidad, la receta que durante más de veinte años procuraron introyectar en la población los gobiernos blancos y colorados. A estas circunstancias se unió otra, de especial y muy estruendosas resonancias: la decisión del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3° Turno que resolvió, el lunes 13, que el dictador Juan María Bordaberry deberá ser juzgado, no sólo por «atentado a la Constitución», sino también por coautoría de homicidios y desapariciones forzadas.

Tal como informa La República de ayer, los ministros Bernadette Minvielle Sánchez, Eduardo Borges y José Bonavota, dictaron el histórico pronunciamiento en el que revocan y critican una sentencia de la jueza penal de 6° Turno, Fanny Canessa, quien había resuelto archivar la denuncia contra Bordaberry.

El unánime fallo del Tribunal de Apelaciones ordena ahora instruir la denuncia que contra el ex presidente de facto habían presentado en 2003 los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León, quienes acusaban a Bordaberry por una serie de delitos generados a partir del golpe de Estado.

La denuncia contra el dictador incluye -además del atentado a la Constitución implícito en el decreto de disolución de las cámaras el 27 de junio de 1973-, su coautoría en todos los crímenes de la dictadura y en delitos contra la Patria por los que Bordaberry debería ser juzgado como «reo de lesa Nación».

El fallo de Tribunal, al abrir camino para el procesamiento penal de una figura especialmente emblemática, como lo es la del ex dictador, marca un antes y un después de la actitud de la magistratura ante los delitos políticos y las violaciones a los derechos humanos; son los dos aspectos los que están en juego, durante la dictadura.

Bordaberry no solo fue el presidente del período 1972-73 en que dio inicio la práctica sistemática del terrorismo de Estado sino también cómplice primordial del golpe contra las instituciones. Y del gobierno durante los tres primeros y sangrientos años de dictadura cívico militar.

Al connotado ganadero duraznense el fervor del poder y el placer de mandar le dieron ínfulas como para escribir unas anotaciones antológicas, muy celebradas en Chile por el dictador Pinochet, sobre la crisis de la democracia y unas recomendaciones tan sencillas como bestiales para corregir los excesos de libertad en que se había incurrido, permitiendo el «libertinaje» sindical y político. Seguramente retomará la palabra sobre el punto, pero en un juicio penal.

Es un paso sumamente significativo. *