La oportunidad de la diplomacia parlamentaria

El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional no sólo garantiza el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, también incluye el deber de los ciudadanos y del Estado de preservarlo para las generaciones presentes y futuras. Además, establece la legitimación de todo individuo para hacer valer ese derecho. Y estamos avanzando hacia una concientización de los pueblos en ese sentido.

Hace apenas dos años la comunidad de Esquel le dijo «no» a la instalación de un emprendimiento minero a través de un plebiscito. Hoy Gualeguaychú manifiesta el reclamo por su derecho a vivir en un ambiente sano. Asistimos actualmente a un conflicto real entre inversiones, desarrollo y medio ambiente.

Nunca antes tuvimos una revolución de los procesos industriales, de la tecnología y de las comunicaciones de la magnitud de la registrada en los últimos 25 años. En ese período el Producto Bruto mundial se multiplicó quince veces, pero ese mundo mucho más rico se hizo más injusto y desigual, y depredó el medio ambiente. En este contexto, la creciente demanda de papel por parte de las grandes potencias ha acelerado el proceso de expansión de la industria de pasta celulósica, y las empresas procuran desarrollar sus actividades allí donde las condiciones económicas, la posibilidad de acceso a recursos naturales y la existencia de controles estatales laxos resultan más atractivas. Por ello, el conflicto no debe dejar de enmarcarse en una perspectiva regional. Hoy es Fray Bentos, pero mañana puede ser otro lugar en la región, donde ya existen varios proyectos de instalación de fábricas de pasta celulósica.

Es necesario el cumplimiento de pautas ambientales compatibles con el desarrollo sustentable, a través de criterios comunes para el Mercosur. Un código ambiental para el Mercosur que regule la explotación de los recursos naturales contribuiría a superar nuestra histórica falta de madurez en el respeto por el medio ambiente y el desarrollo sustentable. El punto de partida debe ser el diálogo, el consenso y la búsqueda de vías creativas para el logro de una solución bilateral. Por eso promovemos la creación de una comisión parlamentaria argentino-uruguaya –con la participación de las organizaciones sociales de ambos países, las ONG con trayectoria en la materia e instituciones académicas y especialistas ambientales– para institucionalizar una instancia de diálogo y consenso, sobre la base de un dictamen de impacto ambiental independiente.

La experiencia argentina en la superación de la última diferencia fronteriza con Chile –Hielos Continentales (1998)– parecía imposible. Sin embargo, gracias al consenso político de entonces logramos dar un paso histórico poniendo en marcha la diplomacia parlamentaria, en consulta permanente con los gobiernos y con vías abiertas de participación de organismos técnicos y representantes de la comunidad. La superación del conflicto está en manos de ambos gobiernos si se parte de puntos de vista comunes y se entiende que está en juego la búsqueda de un desarrollo con equidad y el respeto por el medio ambiente.

La solución posible a este problema es bilateral. Enfrentarnos pueblos hermanos es ir a contramano de la realidad positiva de un creciente proceso de integración latinoamericana. Vivimos un momento muy interesante porque los pueblos de la región eligen gobiernos que expresan las demandas populares, manifestando así el hastío por más de dos decenios hacia las políticas neoliberales que generaron la catástrofe económica y social que padece toda América latina. Debemos proteger y profundizar el Mercosur, transitando el camino hacia una América latina integrada desde la perspectiva de un modelo de desarrollo sustentable, crecimiento con equidad y procesos de industrialización compatibles con la vida y el medio ambiente. Soplan nuevos vientos en la región, no perdamos la oportunidad. *