Críticas y demagogia

El cumplimiento del primer aniversario del gobierno progresista parece haber sido la señal de lanzamiento de una serie de duras críticas a la gestión del gobierno y de varios de sus ministros.

Una aproximación cuidadosa al contenido de estas críticas nos muestra que sin bien todas ellas tienen la pertinencia formal que otorga la democracia, no todas están centradas sobre los verdaderos ejes de comprensión de los problemas.

Dicho de otro modo, buena parte de los problemas sobre los que hoy deben actuar los ministros han tenido su origen y su agravamiento en los períodos anteriores, cuando la titularidad de los cargos de gobierno estaba, bajo un régimen de estricto monopolio, en manos de dirigentes y técnicos ligados a los partidos tradicionales.

La única excepción a esta apropiación total de la administración tuvo lugar, en forma sumamente pequeña, durante la primera administración de Sanguinetti, cuando fueron designados como directores en Entes Autónomos importantes, como Ancap, BROU, Antel, Banco de Seguros, AFE e Instituto de Colonización, calificados técnicos y ex funcionarios de esas instituciones, a nombre del Frente Amplio. Desde esa titularidad los directores de izquierda desarrollan una importante y fecunda gestión.

Aquel camino iniciado en 1985 no tuvo continuidad y no fue porque el Frente Amplio perdiera el apoyo electoral de la ciudadanía. Quizás por lo contrario, cuanto más amplio fue su respaldo en la ciudadanía, más restringida fue su participación en la administración, ni siquiera en aquellos organismos de contralor como el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, etc.

Desde esos antecedentes, que cerraron las puertas para que el principal partido del país iniciara su ‘educación en el gobierno’ es que se llega al 1º de marzo de 2005.

Ese aspecto sería subsanable si además no hubiera que incorporar a la reflexión otros elementos. Sobre todo los que nacen de la situación heredada.

Muchos de los problemas que ahora afloran con niveles impresionantes de gravedad y urgencia, como la seguridad pública, la conflictividad sindical, los alarmantes problemas de la pobreza y demás, se fueron incubando y desarrollando en los períodos anteriores.

No se trata de cuestiones que caen de sorpresa sobre una sociedad como si se tratara de un relámpago en cielo sereno.

Por el contrario, el flagelo de la marginalidad y la creciente desigualdad social tienen origen en procesos de larga data. Crisis de la industria y de la granja, endeudamiento de los pequeños productores rurales y de los pequeños comerciantes y productores que trabajan ligados al mercado interno.

Todo eso ha conducido a cifras y porcentajes sin precedentes en materia de desocupación. Una desocupación que ya no es cíclica sino estructural. Un desempleo que se instala en las ciudades y en los barrios y permanece erosionando la estructura social y afectiva de la familia obrera.

Esta sociedad de trabajadores urbanos y rurales en tiempos de reestructura del capital, como muchos pequeños emprendimientos arruinados, necesitó, desde hace ya varios decenios, de medidas anticíclicas impulsadas por el Estado.

Al mismo tiempo hizo necesario, pero los gobiernos colorados y blancos no cumplieron, el fortalecimiento de las áreas sociales del Estado: la salud pública, la educación, las políticas de vivienda.

En ese cuadro de estancamiento económico y deterioro social es comprensible que se haya ido activando una bomba de tiempo en el plano de las conductas delictivas, fruto del crecimiento de la marginalidad y la falta de oportunidades de trabajo.

Ahora bien, visto el cuadro apenas esbozado más arriba, ¿no resulta una actitud totalmente demagógica criticar a las nuevas autoridades por los graves problemas de inseguridad pública que han aflorado en el país? ¿Desde cuándo se está aumentando la presión sobre la caldera social? ¿Cuántas generaciones de uruguayos han llegado al mundo sin tener oportunidad de trabajo, de vivienda y de salud? *