El avance incontenible hacia la verdad

Desde que en noviembre del año pasado se produjo el hallazgo de un cuerpo (que luego resultó identificado como el de Ubagesner Chávez), el entramado de mentiras, omisiones y silencios empezó a deshilacharse.

El miércoles, fue posible identificar otro cuerpo encontrado en el Batallón 13, el del escribano Fernando Miranda, militante –al igual que Chávez Sosa– del Partido Comunista, y víctima de la brutalidad del terrorismo de Estado.

La verdad, tan postergada, ha empezado a asomar.

Escribimos en nuestro editorial del 30 de noviembre: «Resulta trágicamente paradojal que un hecho tan doloroso como el hallazgo de un cadáver pueda significar una luz de esperanza, una brecha que se abre en la muralla de ocultamiento erigida por dirigentes políticos complacientes para proteger a los terroristas de Estado.

El hallazgo del cuerpo de quien se presume es una de las víctimas del terrorismo de Estado se convierte en la demostración palmaria del horror denunciado tozudamente por organizaciones sociales y por la izquierda política y tozudamente ninguneado por la derecha.

Han transcurrido más de 20 años desde que el país se reencauzó por la senda de la democracia, el estado de derecho y la vigencia de los deberes, derechos y garantías inherentes al sistema republicano.

Durante todo ese lapso, las fuerzas conservadoras se las ingeniaron para garantizar a los motineros y sus cómplices civiles no sólo la impunidad para sus crímenes abominables sino, además, una suerte de inmunidad absoluta que los eximió, incluso, de brindar información sobre hechos por los cuales no serían juzgados. No alcanzó con la «caducidad de la pretensión punitiva del Estado»: para los gobiernos posdictadura, también había caducado la «pretensión cognitiva de la comunidad», vale decir, la humana pretensión de conocer la verdad. Con la excepción del gobierno de Jorge Batlle, las administraciones de Sanguinetti y Lacalle se ocuparon concienzudamente de aplicar arbitrariamente e interpretar torcidamente la Ley 15.848 de modo de impedir que los familiares y la sociedad toda conocieran cuál había sido el destino final de los detenidos desaparecidos. Se trató de un vergonzoso escamoteo de la verdad.

Como cancerberos, como celosos perros guardianes de la entrada a los infiernos, los políticos conservadores impidieron por todos los medios a su alcance que los terroristas de Estado fueran molestados. Después de haber llamado a las FFAA para que defendieran los privilegios de la clase dominante, los políticos conservadores se convirtieron ellos mismos en perros guardianes de los privilegios de los motineros. Con la Ley de Caducidad, quedó patéticamente consagrada la flagrante violación del precepto constitucional según el cual todos los individuos son iguales ante la ley; fue la forma que encontró la derecha para pagar los servicios prestados.

Fue así que los crímenes de lesa humanidad –torturas, secuestros, asesinatos, violaciones, sustracción de bebés, desapariciones– fueron sistemáticamente negados por los dirigentes de la derecha política; se llegó al colmo de afirmar que en Uruguay no había habido desapariciones; se dispusieron caricaturas de investigaciones que –se sabía de antemano– no conducirían a nada; se promovieron ascensos de militares implicados en crímenes aberrantes; se ampararon en la impunidad hechos claramente no comprendidos en la norma.

Con este panorama, en este contexto de omisiones, asume un nuevo gobierno surgido de un pronunciamiento popular inobjetable. Y una de sus primeras medidas apuntó precisamente a corregir ese cúmulo de iniquidades. El titular del Poder Ejecutivo, en uso de las potestades que la propia Ley de Caducidad le confiere, excluyó ciertos casos del amparo de la impunidad, al tiempo que manifestó su decisión inquebrantable de cumplir a rajatabla el artículo cuarto de la Ley 15.848″.

La sociedad parece estar reencontrándose consigo misma. A pesar del silencio, del ocultamiento, del miedo y de las chicanas, la verdad asoma y se abre paso como para saldar una deuda.

Ahora corresponde que todos aquellos que tienen información den el paso necesario para que se descorra definitivamente el velo ominoso, se sepa toda la verdad sobre todos los desaparecidos y –en la medida de lo posible– se haga justicia. *