Seguridad pública, preocupación de todos

Un tema que ha estado y está en los primeros planos de la prensa nacional, a raíz de los sucesos públicos y notorios de los últimos días, es la seguridad pública siempre cuestionada, sobre todo cuando se producen picos de percepción de inseguridad en la población que se van dando por la acumulación de hechos. Hechos que muestran la enfermedad que padece un sector de nuestra sociedad que convive con la delincuencia y para ellos, tanto el delito como la violencia son moneda corriente. En esta situación es de hacer notar la aparición de delincuentes primarios, cuyas edades están en la franja de 40 a 50 años, lo que está marcando un estado de necesidad que empuja a delinquir a quien nunca antes lo había hecho. Y más dramático aún es el aumento de la participación femenina, pero sobretodo de los niños delinquiendo con tremenda audacia, pero más aún con tremenda violencia.

Sin duda que la relación entre la marginalidad, el desempleo, la fractura social y la delincuencia existe, pero sería simplificar demasiado decir que solo la crisis económica ha causado el aumento de los delitos, porque estaríamos confundiendo pobreza con delincuencia cuando son los menos pudientes quienes en su mayoría sufren los ataques de aquellos, ya que en las zonas más carenciadas estos se endurecen y una causa fundamental de este endurecimiento es el alto consumo de pasta base, cuya falta, a estos consumidores, los lleva a una violencia sin límites, ya sea golpeando, hiriendo o matando al jubilado, al taxista, al omnibusero o al vecino que lo vio nacer y crecer en el propio barrio.

En este marco, como gobierno ¿qué respuesta damos, desde el punto de vista institucional, a este tipo de situación? Primero, partimos de la base de que la Policía como tal debe trabajar en la prevención del delito como elemento central, ese policía que debe tener la suficiente profesionalización junto a una capacitación que apunte no a tener más sino mejores policías, que sean capaces, no sólo de resolver situaciones, sino que además atiendan adecuadamente al vecino ante su demanda y si se diese la necesidad ante determinada situación delictiva deberá reprimir, si corresponde.

Las decisiones que se tomen implican aspectos como el diseño de la Institución Policial o del propio sistema judicial y ahí que la eficacia está ligada a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, o sea una autoridad legítimamente democrática que toma distancia de las gastadas, autoritarias y conservadoras ideas que se ponen sobre la mesa cuando se habla del tema, porque es más sencillo y rápido recurrir al aumento de la represión y las penas, antes que trabajar mecanismos de prevención que, a nuestro juicio, se pueden coordinar entre las autoridades correspondientes junto a las organizaciones sociales lo que redundará finalmente en una mayor eficacia y una respuesta colectiva.

La reciente ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario propone un nuevo camino en derecho penal, en ese sentido es de hacer notar que nuestro Código Penal de 1934, inspirado en la Italia fascista de Mussolini, es un modelo que privilegia a los delincuentes de «cuello blanco» y ataca con severidad los delitos de los menos pudientes, es decir un sistema que selecciona personas y no acciones. Esta propuesta de reforma apunta a trabajar en principios actualizados en política criminal y con una integración compuesta por diversos representantes: desde el Poder Ejecutivo, pasando por la Udelar, Suprema Corte de Justicia, Asociación de Magistrados, Colegio de Abogados del Uruguay, etc.

Sobre el tema tan discutido acerca de la delincuencia juvenil, a la que hacíamos referencia líneas arriba, somos partidarios de la necesidad de ajustar el Código de la Niñez y la Adolescencia; ajustes que habrán de ser contributivos para mejorar la seguridad pública, ya que existen conductas que preocupan a los ciudadanos que las sufren como por ejemplo la tentativa de hurto, hoy no penalizada, a lo que habrá que buscar una adecuada respuesta jurídica que no dejen en un marco de impunidad conductas, que si bien no son de extrema gravedad no dejan de ser delictivas. Nuestra Constitución en su art. 40 se refiere a que la familia es la base de nuestra sociedad y en su art. 41 hace referencia al deber y el derecho de los padres al cuidado y educación de los hijos, así como que «La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidos contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como la explotación o el abuso».

Entonces de lo que se trata es de un estudio acerca de la capacidad de los padres o tutores sobre la responsabilidad que tienen y como educan a sus hijos. En síntesis, los problemas de la seguridad se deben enfocar desde una visión integral atacando las distintas causas que la componen y los resultados comenzarán a verse en la medida que el Estado junto a la Sociedad Civil, con una amplia participación ciudadana apunten a cambios partiendo de la base de que la seguridad es un derecho y por lo tanto garantizado por el art. 7 de la Constitución. *