Iname: la reestructura imprescindible

Nuestro editorial del domingo pasado llevaba por título «Motines cíclicos», en alusión a la relativa frecuencia con que la sociedad se ve conmovida por el estallido de protestas por parte de los jóvenes recluidos en establecimientos del INAU.

En esa misma edición, entrevistado por LA REPUBLICA, el director de la Colonia Berro, doctor Carlos Uriarte, se refirió al tema señalando su «alarma» y «desconcierto» ante la reiteración de situaciones conflictivas en dichos hogares.

Concretamente, el doctor Uriarte aludió a la «sucesión de conflictos perlados de baja intensidad en medio de conflictos gremiales también de baja intensidad», hecho que «llama la atención» de las autoridades y las tiene «sumamente preocupadas». Señaló, asimismo, otro hecho significativo: «cada vez que se produce un motín, primero se entera la prensa y luego avisan a las autoridades», algo que el jerarca calificó de «inquietante».

No hay denuncias concretas de complicidad de funcionarios con los menores amotinados, y nosotros tampoco acusaremos a nadie de estar en connivencia con los jóvenes recluidos. No obstante, varios son los elementos que ameritan una sospecha razonable en ese sentido. De otro modo, ¿cómo explicar que los menores estén en posesión de armas («cortes» de fabricación casera) y que se haya encontrado drogas en las requisas habituales? Una situación así es impensable sin algún tipo de colaboración de la guardia y/o de los funcionarios encargados de la vigilancia. Tal parece ser, también, la percepción de la Justicia de Pando, encargada de la investigación del último motín, que ha citado a declarar a varios funcionarios de la colonia Berro.

Al asumir el año pasado, las actuales autoridades del INAU –y especialmente los responsables de los distintos «hogares» o centros de reclusión– se han encontrado con un panorama que el doctor Uriarte considera «desquiciante». Entre los numerosos males que aquejan al instituto –más allá de las carencias materiales y de las insuficiencias presupuestales que conspiran contra la rehabilitación de los infractores– cabe señalar la falta de preparación y de condiciones adecuadas de un buen número de funcionarios. Un centro de reclusión no es una oficina pública más. Desempeña una tarea especialmente delicada y sensible para la cual es preciso contar con una formación sólida y con condiciones personales apropiadas. Sin embargo, durante mucho tiempo, las vacantes se llenaron sin tener en cuenta las aptitudes psicológicas ni la formación profesional de los funcionarios.

La pena de prisión supone aislar al infractor de la sociedad para reeducarlo, rehabilitarlo, inculcarle hábitos de trabajo y reinsertarlo en el mercado laboral. Tal es el espíritu del artículo 26 de la Constitución de la República, según el cual las cárceles no serán lugares de mortificación sino el ámbito que asegure a los reclusos su reeducación. Si la voluntad de la comunidad –plasmada por el constituyente– apunta a reeducar al delincuente adulto, con mucha mayor razón se debe propender a la reeducación del menor infractor, de manera de rescatarlo del mundo del delito y proporcionarle las armas para su capacitación laboral y su inserción social.

Es esta la gran preocupación de las actuales autoridades, y precisamente tratando de conseguir esa meta, se hallan abocadas a una profunda reestructura del organismo. La mira está puesta en que algunos funcionarios dejen de ser celadores disfrazados de educadores de modo que lleven a cabo una verdadera tarea educativa. *