Verdades que no se puede seguir ocultando

La carta abierta dirigida al comandante Tabaré Daners por un grupo de ex militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y la investigación periodística publicada en la edición de ayer de LA REPUBLICA al colocado en estado de conocimiento público una realidad grave que hasta el momento permanecía oculta.

Tanto en la carta abierta como en sus declaraciones a la prensa, los militantes hacen referencia a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de una extrema gravedad: la maquinaria diabólica de la justicia militar, la práctica sistemática de la tortura, las relaciones de apoyo mutuo con la ESMA (la siniestra Escuela de Mecánica de la Armada argentina) y la desaparición forzada de personas son cuatro de los graves delitos que se imputan al Fusna y a los oficiales que revistaban en esa dependencia.

Si bien ya se conocían datos acerca del desempeño de la Marina en aquel período, la circunstancia actual hace que sobre estas denuncias públicas no se pueda asumir la misma actitud que hasta ahora. Ya no hay lugar para «la callada por respuesta».

Está muy claro para toda la ciudadanía y para los jerarcas de las tres armas que el país se encamina hacia un proceso de reconstrucción de la verdad. Es una necesidad para quienes fueron protagonistas (y víctimas de los atropellos), una necesidad imperiosa y dramática para los familiares de aquellos que fueron sometidos al brutal procedimiento de la desaparición forzada y es una necesidad impostergable para el país.

Los atropellos sistemáticos que se denuncian formaron parte del quehacer de unas dependencias públicas. Oficinas militares del Estado uruguayo, reguladas por normativas del Estado uruguayo, movidas por servidores del Estado uruguayo.

No se trata de un orden de cuestiones sobre las que alguien, un jerarca o un grupo de jerarcas, pueda disponer de su ocultamiento o su publicación.

Las acciones que se denuncian son actos de terrorismo. De un tipo de terrorismo que se encarnó y se gestionó desde el aparato del Estado. Justamente por eso se lo denomina terrorismo de Estado.

No se trata de un terrorismo ejercido por una banda o un grupo de fanáticos sino de un conjunto de funcionarios del Estado, sometidos a jerarquía, organizados a través de leyes orgánicas, presupuestos, asignaciones, protocolos y garantías y hasta tribunales de honor.

En esos funcionarios el país ha depositado la responsabilidad del uso de las armas. En este caso de las armas navales.

Las denuncias que se formulan son concretas porque refieren a oficiales superiores que ya disponían de mando de tropas en los años setenta, en pleno auge de la dictadura. A la vez trascienden los nombres de los funcionarios identificados y marcan la responsabilidad del conjunto de la institución.

Días pasados recobró su identidad Ubagesner Chávez Sosa, torturado hasta la muerte en dependencias de la Fuerza Aérea Uruguaya: todos los uruguayos sentimos el impacto de esa constatación. Habían pasado más de treinta años en los cuales las versiones proporcionadas por el Estado uruguayo habían resultado falsas y ni su familia, ni sus compañeros de trabajo y de militancia y el conjunto de la ciudadanía tuvimos acceso a las informaciones que daban cuesta de su destino verdadero y del lugar donde se encontraban sus restos.

Las denuncias detalladas y precisas, dentro de lo que puede ser preciso un individuo sometido a los tratamientos bestiales que se narran, han puesto en estado público otro capítulo lacerante de la tragedia uruguaya de los setenta: la existencia de un Tercer Vuelo desde Argentina trasladando a Uruguay otro núcleo numeroso de personas secuestradas en la vecina orilla.

Los delitos de los que se trata, entonces, no se extinguen. Cuanto antes se brinden los informes que ahora se reclaman, mejor será para el país y para todos los que, de un modo u otro, han estado involucrados. *