Contra la impunidad

No se trata sólo del caso de Pinochet.

El argumento que la edad avanzada es una buena razón para impedir el castigo de los acusados de delitos contra la humanidad ha sido esgrimido con mucha frecuencia.

Siempre que las autoridades políticas ensayan mecanismos para preservar del castigo a los violadores a los derechos humanos se acude a ese argumento que, presuntamente, apela a la fibra humanitaria que debería sensibilizar a la población frente al hecho que individuos de edad avanzada sean castigados por sus graves delitos contra la humanidad.

Desde hace un tiempo se viene desarrollando un cierto debate en los Estados Unidos acerca del destino de John Demjanjuk, un guardia de campos de exterminio nazis, que, según el matutino porteño Clarín «vive en los Estados Unidos desde que falsificó su documentación de ingreso al país en 1952 y que vuelve a ser noticia –con sus 85 años– en relación con su deportación a Alemania o tal vez a Ucrania, su país de origen.

Para el historiador Daniel Jonah Goldhagen, Autor de «Los alemanes y el holocausto», «Nadie debería derramar ni una sola lágrima por Demjanjuk y los demás asesinos por más viejos que sean ahora. (…)

En términos legales, la culpabilidad de los perpetradores está más allá de toda duda. ¿Resulta menos claro en términos morales? El hecho de que Demjanjuk y otros –muchos de los cuales celebran sus crímenes– eludieran la Justicia durante décadas no debería hacerlos acreedores a una tarjeta de ‘exención de cárcel'».

Eludir el castigo y vivir bien después de asesinar a tantas personas, mientras las víctimas sobrevivientes cargan a diario con sus cicatrices, no es argumento para que se les permita seguir eludiendo el castigo. Es ilógica y extraña la idea de que si alguien es detenido por un crimen inmediatamente o seis meses después de haberlo cometido, debe castigárselo, pero que si logra escapar al castigo durante diez, treinta o sesenta años merece inmunidad permanente.

En todo caso, concluye Goldhagen, «la indignación moral no debe apuntar a los que buscan que se haga justicia sino, además de a los propios criminales, a las autoridades políticas y legales que tan poco hicieron durante sesenta años por castigar a los asesinos».

La lucha contra la impunidad adquiere perfiles propios en los países latinoamericanos que atravesaron la etapa del terrorismo de Estado en las décadas de los 70 y 80.

De hecho la necesidad de señalar a los culpables, darlos de baja en los cargos jerárquicos que ocupan en el escalafón militar y castigar su crueldad y su inhumanidad, es una necesidad para profundizar y consolidar las instituciones democráticas.

El mantenimiento de la impunidad, en estos casos, va más allá de un acto de inaceptable injusticia frente a los crímenes cometidos en el pasado. Su subsistencia tiende a configurar una situación de inestabilidad político-institucional absolutamente inconveniente para sociedades que aún se debaten en el infradesarrollo y las dificultades heredadas, justamente, del período de los gobiernos dictatoriales. *