Una cuestión de soberanía

La controversia diplomática entre Uruguay y Argentina, surgida con motivo de la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos, acaba de exhibir uno de sus puntos altos.

Las declaraciones del director de Asuntos Ambientales de la Cancillería argentina, Raúl Estrada Oyuela, fueron el combustible que reavivó la hoguera iniciada por el gobernador entrerriano Jorge Busti. Tal como se informa ayer, Estrada cayó en una falta de «savoir faire» inadmisible en alguien que reviste como funcionario del servicio exterior, un área en que la diplomacia –entendida como tacto, prudencia y cortesía– debe prevalecer por encima de todas las cosas. Este funcionario declaró que los «gobiernos socialistas nunca tuvieron preocupación ambiental», y señaló que era erróneo creer que los socialistas son ecologistas.

Como ha dicho con acierto nuestro ministro de Relaciones Exteriores, llama la atención el juego del gobierno argentino, en el que se mezclan la consabida «sintonía» con el nuestro y las salidas de tono de algunos dirigentes dispuestos a «dar manija»; un doble juego al que el gobierno uruguayo parece no haber hallado una estrategia eficaz. No obstante, el canciller Gargano supo responder con altura a los exabruptos de Estrada.

Lo hemos dicho reiteradamente desde estas páginas: no hay industria que no contamine. Desde la más remota prehistoria, la acción del ser humano sobre la naturaleza siempre ocasionó algún tipo de desequilibrio ecológico y produjo residuos que alteraron la pureza del ambiente.

De modo que toda la alarma lanzada desde allende el río Uruguay parece desmedida, injustificada y con un cierto tufillo a razones ajenas por completo a la preocupación auténtica por el medio ambiente o la defensa de la calidad de vida de los entrerrianos.

Por otra parte –y esto es fundamental– nuestras actuales autoridades de gobierno (desde el presidente de la República hasta el titular del Mvotma) se caracterizan por su lucha constante en defensa del ambiente, por su humanismo, por su solvencia profesional y por su incorruptibilidad robespierriana. Tales condiciones son la mejor garantía de que las industrias a instalarse en Fray Bentos serán cuidadosamente monitoreadas desde los organismos oficiales competentes; habrá controles y exigencias suficientes como para evitar cualquier accidente de consecuencias nefastas.

Y finalmente, la actitud hostil de algunos funcionarios argentinos exige una respuesta respetuosa pero firme de parte de nuestros gobernantes; están en juego nuestra soberanía y nuestro derecho al desarrollo, el crecimiento y el trabajo. Este diferendo que nos enfrenta con Argentina tiene mucho de combate desigual en el que aflora la abismal diferencia de tamaño y de poderío entre los dos contrincantes; se trata de una lucha en la que el más fuerte aprovecha su indiscutible superioridad y se cree con derecho a ejercer presiones inadmisibles. Los reiterados cortes de rutas con la intención de impedir el ingreso de turistas argentinos a nuestro país tienen mucho de bravuconada y de provocación.

A esa actitud debemos responder con prudencia. Como país chico que es, Uruguay debe aferrarse a las normas del derecho internacional que rigen las relaciones entre las naciones.

Las armas jurídicas son las únicas que pueden integrar nuestro arsenal. A ellas apelaremos pues son ellas las que nos permitirán mantener la «sintonía» entre los dos gobiernos. *