Los desafíos del año que se inicia

Al aproximarse el fin de año y los nueve meses de gobierno de izquierda, es común aprovechar la oportunidad para proceder a análisis, balances y perspectivas.

Es así que la totalidad de los medios de difusión preparan programas especiales en los que hacen un repaso de la actividad gubernamental marcando los logros, fracasos y omisiones del gobierno. Politólogos y analistas consultados al respecto son contestes –con matices– en señalar por lo menos tres aspectos en los que la administración del doctor Vázquez ha marcado un sesgo importante que la diferencia de los gobiernos anteriores y cuyos resultados pueden considerarse exitosos: las políticas sociales (en las que destaca el Plan de Emergencia a pesar de algunos tropezones y fallas); la política de investigación y revisión de los casos más flagrantes de terrorismo de estado; y la política laboral, con la reinstalación de los consejos de salarios y la Ley de Fuero Sindical recientemente sancionada por el Parlamento.

Independientemente del acuerdo o desacuerdo que la acción gubernativa suscite en cada uno de nosotros, es innegable que en esas tres áreas hay cambios sustantivos.

En cuanto al «debe», esto es a los cambios que deberán operarse en otros campos del quehacer gubernativo y que figuran en la agenda por hallarse incluidos en el plan de gobierno (y en la propaganda electoral), tenemos tres áreas en las que el doctor Vázquez y su equipo deberán jugar con la misma voluntad de introducir cambios profundos. Nos referimos a la salud (el proyectado Sistema Nacional de Salud), la política tributaria (la reforma del sistema con la implantación del impuesto a la renta de las personas físicas) y la educación (análisis de la reforma educativa).

En las dos primeras (reforma de la atención sanitaria y reforma tributaria), ya se han esbozado borradores sobre los cuales habrá de darse el necesario debate y la puesta a punto para su aprobación definitiva.

La reforma educativa, en cambio, promete una discusión más prolongada pues implica la revisión de las políticas educativas desarrolladas por las administraciones anteriores. En este aspecto, habrá que analizar a fondo la Ley de Educación vigente y todo el intrincado panorama de reformas y minirreformas, marchas y contramarchas que pautaron la gestión de los gobiernos anteriores en materia de enseñanza.

Entre las innumerables calamidades que trajeron los años de plomo, resalta el deterioro progresivo de nuestra educación. Pero sería injusto responsabilizar de ese pecado exclusivamente a los coroneles que se metieron a educadores, pues el odio contra la enseñanza y contra los docentes ya venía de larga data; recuérdense los recortes presupuestales de los años sesenta y la Ley de Educación General pergeñada por el ministro de Educación y Cultura de Bordaberry, el doctor Julio María Sanguinetti. Y después de recuperada la institucionalidad democrática, el proceso de deterioro de la enseñanza se tornó irreversible como consecuencia de la insensibilidad de las sucesivas administraciones que no exhibieron el mínimo interés en recuperar el nivel de otrora.

A las carencias de orden material de todo tipo –entre las que cabe ubicar las misérrimas remuneraciones a los funcionarios– vienen a sumarse desde hace un tiempo ciertos cambios en los criterios pedagógicos y en las metas que se han establecido a la educación.

Una suerte de mal entendido aggiornamiento, la emulación irreflexiva de corrientes pedagógicas más o menos frívolas o –lo que es peor– el fiel cumplimiento de las directivas emanadas de los organismos internacionales que dominan el mundo, han venido resignando paulatinamente la función formativa integral del educando para limitarse a adiestrarlo en ciertas técnicas, prescindiendo cada vez más de la formación humanística.

La globalización neoliberal exige individuos aptos para competir entre sí, para administrar empresas o para promover el consumo, y punto. No solo no es necesario que piensen, sino que es mejor que no piensen. *