El combate a la inseguridad

A medida que se aproxima el verano –y con él, la temporada turística salvadora–, la preocupación central parece encaminarse hacia la falta de seguridad en los balnearios y centros turísticos en general. De lo que se trata es de mantener la imagen de seguridad que pretende exhibir el país para decidir a los turistas extranjeros a optar por pasar su bien merecido descanso en nuestras costas platenses y oceánicas en lugar de elegir destinos más lejanos y de clima menos inestable pero con altos índices de delincuencia.

La derecha, desde toda tribuna disponible –el Parlamento y los medios amigos del establishment– ha lanzado una ofensiva implacable contra la inseguridad, clamando por medidas concretas de prevención del delito. Es así que exigen mayor presencia policial, mayores controles y todo tipo de medidas tendientes a garantizar a los turistas un bronceado perfecto sin la amenaza de sufrir hurtos, arrebatos o rapiñas.

No está mal que los operadores turísticos se muestren preocupados por la violencia delictiva y lancen la alarma al respecto pidiendo soluciones al problema. Es perfectamente explicable, ya que en ello está en juego no solamente la buena marcha de su negocio sino, también, el éxito económico de una industria (la «industria sin chimeneas») que deja buenos dividendos al Estado y a la sociedad toda. Porque, en definitiva, todos nos beneficiamos (algunos menos que otros) cuando una temporada turística ha resultado exitosa; y una de las claves para que ello ocurra radica –entre otro montón de razones– en la posibilidad de que los extranjeros que llegan a nuestras costas puedan disfrutar –además de las bellezas naturales y de los servicios y atractivos que puede ofrecer el país– de una relativa tranquilidad en lo que tiene que ver con la preservación de sus bienes y de su integridad física.

Como es cada vez mayor la participación, cuando no el protagonismo exclusivo, de menores de edad en los actos delictivos que a diario se cometen, el gobierno se propone introducir ajustes en el Código de la Niñez y la Adolescencia con el fin de dar «mayores herramientas a los operadores», sin que ello implique modificar o atenuar el espíritu «garantista» de dicho cuerpo normativo, surgido de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

La presencia del subsecretario del Interior, Juan Faroppa, en Maldonado en ocasión de lanzarse en aquella capital departamental el «Plan San Fernando» –que se propone incrementar la seguridad en la temporada turística– revela la importancia que da el gobierno al asunto.

En declaraciones a El Observador, el jerarca resumió de manera por demás elocuente cuál es la postura del gobierno respecto de tan delicado problema, detrás del cual emerge, implacable, la realidad de miseria, marginación y ruptura del entramado social que hoy campea en el país. Dijo Faroppa: «Los problemas de la seguridad no pasan sólo por las leyes. Por supuesto que el marco normativo es fundamental como lo es también el despliegue de una policía eficiente; pero en la inseguridad inciden factores que se han venido generando en el Uruguay en los últimos 30 años por un abandono evidente de las políticas sociales tendientes a combatir los niveles de exclusión y marginación a que hemos llegado y que no tienen precedentes en la historia del país».

Una vez más, debemos tener presente que para combatir la delincuencia no basta con las medidas legales punitivas ni con la actividad preventiva y represiva de la Policía. Sin abandonar la vigilancia policial como factor de prevención y de disuasión, el gobierno actual está llevando a cabo –venciendo mil obstáculos– políticas que apuntan precisamente a combatir la etiología del delito y a rescatar de la marginación a los menores víctimas del modelo concentrador y excluyente. *