La mal llamada ley interpretativa

Resulta a esta altura alarmante el cariz francamente autoritario que ha adquirido el gobierno frenteamplista.

Para muestra basta un botón (proyecto de ley): el gobierno se propone ahora, afincado exclusivamente en sus mayorías parlamentarias y mediante una supuesta ley interpretativa de la Nº 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (modificativa, ya que de interpretativa no tiene nada), nada menos que arrasar con el modelo de salida democrática desde la dictadura, los acuerdos del Club Naval, las normas de amnistía (bilaterales) que lo sustentaron jurídicamente, y los portentosos esfuerzos que conjuntamente a la ciudadanía toda hicieron, de cara al futuro, figuras como el doctor Julio Ma. Sanguinetti, Wilson Ferreira Aldunate y el General Líber Seregni.

Decimos que de interpretativa no tiene nada porque el proyecto de ley modifica abiertamente el alcance, el contenido y el espíritu de aquella norma ratificada popularmente en abril de 1989, lo que se encuentra terminantemente vedado por las normas generales, legales, del Título Preliminar del Código Civil, y por el ordenamiento constitucional.

Los devastadores argumentos jurídicos y políticos, ya de generalizado dominio público, se han expuesto con lucidez y sabiduría – entre otros – por el doctor Carlos Ramela en sus apariciones mediáticas, por el doctor Gonzalo Aguirre en nota de 21/11/2005 en el diario El País, y en el editorial del mismo periódico del día anterior. Por compartirlos plenamente, a ellos nos remitimos «brevitatis causae».

Pero permítasenos sucintamente subrayar el principio cardinal, el principio fundamental de nuestro sistema constitucional y del Derecho Penal uruguayo (a su vez columna vertebral de lo mejor del liberalismo político) que está siendo groseramente violentado por el referido proyecto, esto es, el principio de irretroactividad de la ley penal.

La ley penal no puede desplegarse hacia el pasado sino solo hacia el futuro, de eso se trata (no olvidemos que es el Derecho Penal el que traza los límites o las fronteras entre los ámbitos de libertad y los delictivos) por la razón, o mejor dicho, máxima garantía ciudadana, de que no pueden castigarse conductas que eran lícitas o estaban permitidas, antes de la sanción de la ley.

Esa máxima garantía tiene rango constitucional en el Uruguay puesto que se deriva, no solamente del Art. 1º del Código Penal, sino que se encuentra consagrada en el Art. 10 de la Constitución de la Republica, que dice textualmente: «Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe».

Este principio matriz que ostentamos con legítimo orgullo en nuestra legislación desde los albores de la nacionalidad y de la institucionalidad oriental, que aprenden a conocer desde temprano los estudiantes de Ciclo Básico, resulta burdamente comprometido por el proyecto del gobierno, en la medida que – como señaláramos – busca castigar, retroactivamente, (por eso la vía de la ley interpretativa) conductas que estaban comprendidas en la Ley de Caducidad. Todo lo que importa una flagrante violación del orden legal y constitucional. Un quiebre en el Estado de Derecho, como bien se dijo por estos días.

La Ley de Caducidad no debe ser interpretada por otra ley porque ya fue lo suficientemente interpretada por la ciudadanía (expresión de la soberanía nacional) por la Suprema Corte de Justicia y por todos los jueces competentes, sucesiva y uniformemente. La Ley de Caducidad, como sostiene el Partido Colorado, debe ser pura y simplemente cumplida en todos sus términos.

Jugar con la vigencia del Estado de Derecho, siempre es jugar con fuego. Resulta fácil anticipar el clima imperante inmediatamente a la aprobación del proyecto: denuncias en cascada, desfile de militares, policías y civiles vinculados a la dictadura por las sedes de los juzgados penales, mas excavaciones, escraches, estado deliberativo en el seno de las Fuerzas Armadas y las organizaciones sociales de retirados, etc., etc.; y así, el gobierno le transferirá la presión y el fardo al Poder Judicial.

Un juego, sin dudas peligroso. Por lo visto no alcanzó con las pintadas en la puerta de los Tribunales de Apelaciones en lo Penal ni con los graves disturbios de la Ciudad Vieja.

Otra vez la mirada en el pasado lejano (en lugar de la perspectiva en los desafíos del porvenir), otra vez las heridas, las secuelas, los rencores y los resentimientos, ahora convocados por el mismo gobierno, hasta flor de piel de la sociedad uruguaya.

De este modo, en medio de un clima absolutamente enrarecido, podrán transcurrir meses o aún años de complejas investigaciones y procesos judiciales no menos tortuosos. En tanto, la izquierda, en función de las enormes expectativas que despertó tras mas de 30 años de predica revolucionaria, pretende disimular las constantes frustraciones que provoca su desempeño en el gobierno del país.

Las posiciones autoritarias generalmente no llegan a buen fin; ésta interpretativa, seguramente tampoco. *