Hay excusas y recursos

Cuando el actual gobierno toma la conducción del país, posee una información suministrada durante la transición que resultó luego un boletín informativo sin sustancia. En definitiva toda la «buena voluntad y disposición» de la que se hizo alharaca, no resultó más que una pantalla publicitaria que aminorara en parte el rudo golpe electoral de octubre pasado para quienes debían dejar la administración. La verdad está surgiendo ahora de las múltiples auditorías que se llevan a cabo y que dicen lo que durante la transición se escondió. Negocios sospechosos, juicios perdidos por omisiones injustificadas, concesiones de turbia tramitación y asociaciones industriales o comerciales con cuantiosas pérdidas.

Ante esta situación y con el compromiso de un programa que prioriza el combate a la marginación social, lo primero que se analiza es con qué recursos se cuenta y hasta dónde se puede llegar. Y está bien, no se puede dar lo que no se tiene, aún en la desventaja de 20 años en que los gobiernos anteriores privilegiaron y santificaron a la oligarquía del capital esclavizante. Este gobierno también ahora comienza a ser responsable. Han pasado ya siete meses desde la asunción y algunas cosas pueden y deben volver a su sitio. Los propios gobernantes de hoy, oposición ayer, fueron abanderados en la prédica de terminar con las injusticias que durante años soportaron los más débiles, los que no tenían influencias corporativas, los que sólo significaban números para la indiferencia.

En ese marco los jubilados y pensionistas uruguayos, «cascoteados» desde siempre pero a los cuales el eje Batlle   Bensión hizo trizas despojándoles de un «saque» la tercera parte de sus percepciones, reivindicaron la devolución de algunas conquistas, que entre la dictadura y las últimas coaliciones les quitaron. Es decir, se pidió que el nuevo gobierno enmiende aunque sea en parte las situaciones que transformaron a un sector importante de la sociedad en actores indefensos de cada ajuste fiscal que era el arma esgrimida por cada presidente que llegaba.

Entre esos pedidos está la devolución del pago de la prima por edad a la que accedían los jubilados civiles cuando llegaban a los 70 años, eliminada por la dictadura con el Acta Institucional N° 9 del 23 de octubre de 1979. Desde aquel momento 400 jubilados mensualmente llegan a los 70 años de edad y el Banco de Previsión Social dejó de pagarles la prima por edad porque una norma dictada por un gobierno ilegítimo, arbitrariamente así lo dispuso, o mejor expresado, la norma no expresó que se siguiera pagando, aunque tampoco menciona que deje de pagar.

El argumento esbozado por algunas autoridades cuando se plantea el pago a los 120.000 jubilados que hoy tienen más de 70 años y no cobran esa prima, es que no hay recursos. El «recurso» utilizado no es valedero. Lo inconcebible, es que desde hace casi 26 años el Estado se le está quedando con la prima por edad a una gran cantidad de gente a quien debió pagarle lo que la ley indicaba y no tomar el mismo camino de los administradores «cívico   militares» quienes dentro de una rayana inconstitucionalidad, les robaron a los jubilados una conquista de las más justas, pues implica una importante ayuda, fundamentalmente a quienes tienen muy bajas pasividades y llegan a esa edad en muchos casos con problemas de salud que a la vez agudiza los problemas económicos. Una cosa es que no haya recursos para asignar y otra cosa es quedarse con los recursos que pertenecen a la gente desde hace tanto tiempo. Es como afirmar «te robo, pero no tengo «recursos» para devolverte lo que te estoy robando». Por más que el despojo es la continuidad de un hecho consumado por el dinámico trío «Sanguinetti   Lacalle   Batlle».

Pero además se plantea un hecho sumamente injusto dado que casi 90.000 jubilados por causales anteriores a la citada norma, cobran esa prima, a lo que tienen indudable derecho. En los pasados 26 años, el Estado uruguayo se le quedó con aproximadamente 440 millones de dólares a los jubilados de mayor edad y es hora de que esa deuda comience a ser saldada. No pretendemos que se pague lo que no se pagó, pero sí a partir de ahora se pueden poner las cosas en su lugar. Los recursos necesarios, suman solamente el 60% de lo que Ancap dilapida mensualmente en Argentina desde hace años, en una aventura iniciada por el Directorio anterior, presidido por el pachequero Eduardo Ache y por lo que parece, nadie cuestiona esa sangría de recursos. Si el organismo estatal regala más de 4 millones de dólares mensualmente fuera del país, nadie debería enojarse si se utilizaran 2:700.000 dólares para hacer justicia con 120.000 uruguayos, mayores de 70 años que están dentro de su país y que seguramente necesitan ese dinero para su subsistencia. Pero además, de esta forma, el Estado, dejaría de apropiarse de «recursos» que evidentemente no le pertenecen y que durante 26 años se han transformado en una «expropiación» permanente y que se hace mayor a medida que transcurre el tiempo y más gente es impedida de percibir lo que «oportunamente» la dictadura le quitó. *