Antenas mortales

Las tenemos esparcidas por toda la ciudad. Aunque parezca mentira, hace años que fueron instaladas, aprobadas por todas las autoridades de gobierno correspondientes, sin que nadie advirtiera el terrible problema que representan para la seguridad ciudadana.

Estas torres metálicas colocadas en las alturas de edificios estratégicos por toda la ciudad de Montevideo, fueron autorizadas en diferentes zonas y hasta en la propia Avenida 18 de Julio, uno de los canales de televisión tiene el privilegio de contar con dos antenas, en una zona rodeada de edificios poblados por numerosos vecinos.

El canal oficial tembién se ubicó sobre Bulevar Artigas, y en la propia azotea de la Intendencia Municipal montevideana, o hasta en el histórico Palacio Salvo nos encontramos con diferentes focos mortales, ya sea en el Cerrito de la Victoria o el propio Cerro de Montevideo, es decir bien diseminadas a lo largo y ancho de la ciudad.

Al ocurrir el ciclón del pasado 23 de agosto, pudimos comprobar el tremendo peligro que significan estos armazones metálicos, colocados a gran altura, y debemos agradecer que las caídas ocurridas no hayan causado víctimas, pero quedó demostrado que son capaces de causar grandes daños a su alrededor.

El tema exige una inmediata preocupación por su gravedad. Recordamos cuando participamos desde la Junta Departamental de Montevideo, en el período 1990-1995, haber participado para solucionar la cuestión, sobre la libertad existente en los órganos encargados del control para instalación de antenas en la ciudad. Nos encontramos con numerosas dificultades sobre las responsabilidades y para conocer el estudio efectuado para solucionar la peligrosidad del sistema. Sabemos que en otros países se ha implantado un mecanismo que reúne las diferentes fuentes de los interesados en un solo lugar, elegido expresamente por su total garantía de seguridad, debido a su ubicación.

En otros lugares, este peligro ya fue previsto, mientras que aquí, en el Uruguay, en pleno siglo XXI, continuamos elevando antenas sin aplicar ningún control. Ya sean las Intendencias, o el Ministerio de Viviendas o quien sea, debe haber una oficina que revise lo existente y aplique una nueva reglamentación que otorgue las garantías a los ciudadanos. Las autorizaciones vigentes deben tener plazos previstos, es hora de rever por completo el sistema y no autorizar libremente lo que está ocurriendo. Los plazos son cortos y el peligro es muy grande, confiamos en que las autoridades actúen rápidamente. *