Por un acceso libre y democrático a la información

Días pasados un conjunto de prestigiosas organizaciones, vinculadas de un modo u otro al ejercicio del derecho de información y comunicación, convocaron a una reunión que se realizó en el Palacio Legislativo para dar a conocer la constitución de un Grupo de Acceso a la Información Pública, que se propone elaborar dos proyectos de ley para presentar ante el Poder Legislativo; uno de ellos es la «Ley de Acceso a la Información Pública» y el segundo es la «Ley Nacional de Archivos». «Se trata de dos instrumentos fundamentales para hacer efectivo el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a la información que está en poder del Estado».

Dadas las circunstancias que vive el país, donde hay amplias áreas, sobre todo del Estado, que permanecen en la penumbra, cuando no en la entera oscuridad, la lucha por el acceso libre y universal a la información pública es de una importancia trascendental que de ningún modo puede ser minimizada.

Los promotores de la iniciativa han dicho que «en nuestro país existe una arraigada ‘cultura del secreto’ en mérito de la cual habitualmente se niega a los ciudadanos la información que produce el Estado y que éstos tienen derecho a conocer. El Estado carece en general de políticas específicas para promover la transparencia.

El acceso a la información es un derecho humano fundamental, derivado del derecho a la libertad de expresión, en sus dos vertientes: el derecho a recibir información y el derecho a buscar la información o sea a investigar; está estrechamente vinculado a la dimensión social y política de la sociedad. (Consagrado en la Declaración Universal, art.19, Pacto de San José de Costa Rica, art.13, Constitución arts. 7, 29 y 72)

El derecho a la información es una de las condiciones básicas e inherentes para el ejercicio de la democracia. En lo que respecta a la información en poder de los organismos del Estado, el acceso a la misma por parte de todos sus habitantes es una condición esencial para hacer efectiva la transparencia de la acción y gestión de los gobernantes y de las autoridades públicas y, por ende, de la valoración de su eficiencia, eficacia y probidad.

También constituye una garantía contra el abusivo control estatal y contra eventuales riesgos de control político de las personas, como ocurrió en el pasado».

Las organizaciones gremiales, humanitarias, profesionales y técnicas que respaldan esta iniciativa cuentan con una prestigiosa trayectoria y un desempeño claro y permanente en defensa de los principios que ahora bregan por transformar en ley.

Estas fogueadas y calificadas organizaciones son: Amarc, Amnistía Internacional-Sección Uruguay, APU (Asociación de la Prensa Uruguaya), Archiveros sin Fronteras-Sección Uruguay, Archivo General de la Nación, Asociación Uruguaya de Archivólogos, Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines, Ielsur, Serpaj, Uruguay Transparente.

Se trata de un tema que merece un debate público, el abordaje académico y, sobre todo, la atención del Poder Legislativo.

Hoy, por primera vez en la historia del país, en ambas cámaras resultan mayoritarios aquellos grupos y tendencias políticas que, en períodos anteriores y aún en el actual, han conocido y conocen la injusticia que entraña la desigualdad en el acceso a los medios de comunicación o, en períodos anteriores, la represión lisa y llana a la elaboración y difusión de toda forma de pensamiento libre.

El Parlamento de la República tendrá que tomar en sus manos el avance sobre estos resabios de otro tiempo que aún perviven dentro del aparato estatal. *