Que la marcha del viernes haya sido la última

Tuvo lugar el viernes una nueva manifestación convocada por doce organizaciones sociales, sindicales y humanitarias bajo la consigna de «Verdad, Justicia y Nunca Más».

El 20 de mayo pasado, en oportunidad de realizarse la marcha que se verifica anualmente por los mismos reclamos, escribimos lo siguiente:

«Hacemos nuestra la expresión de deseos formulada en la noche del viernes por el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, de que ‘esta marcha haya sido la última’. Que no haya una undécima marcha; que el 20 de mayo del año próximo no sea preciso convocar una vez más al pueblo a reclamar por los desaparecidos.

Han transcurrido veinte años desde que el país retornó a la normalidad institucional y –teóricamente al menos– a la plena vigencia de la convivencia democrática y de la Constitución y la Ley. Veinte años de gobiernos legítimos electos por el soberano que no fueron capaces –mejor dicho no tuvieron la voluntad política– de resolver una situación heredada del régimen de facto cívico-militar. De nada valieron las exhortaciones a la concordia, al olvido y al perdón; de nada valieron los artilugios legales ni los llamados a sellar la paz y a dar vuelta la página; de nada valieron el estado del alma ni la sugerencia de no tener ojos en la nuca. El problema siguió ahí, como lo que es: una herida sin cicatrizar, una asignatura pendiente».

Más adelante, advertíamos:

«Por primera vez desde el fin de la dictadura hay un gobierno –con mayoría parlamentaria– dispuesto a agotar las vías legales para dar cumplimiento al artículo cuarto de la ley de impunidad. Al mismo tiempo –y esto implica un cambio cualitativo trascendente– el Presidente anunció en su discurso del 1 de marzo la adopción de un criterio diferente respecto de qué casos están amparados en la ley y cuáles no gozan de ese privilegio. Por primera vez, la posición oficial del gobierno promueve la luz verde para que actúe la Justicia en los casos emblemáticos de los crímenes del 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires, así como en la inicua sustracción del bebé de una ciudadana argentina y la posterior desaparición de ésta».

Han transcurrido desde entonces más de cuatro meses.

Las expectativas de avanzar en el esclarecimiento del destino de los detenidos-desaparecidos no se han visto del todo colmadas en razón de los obstáculos que se han presentado y de la reticencia de algunos jerarcas castrenses. No obstante, fuerza es reconocer que el gobierno ha dado pasos significativos en el asunto y que sigue mostrando su decisión inquebrantable de lograr resultados positivos.

Sin embargo, en lo que tiene que ver con la actuación de la Justicia, la decepción –y en algunos casos, la irritación– ha ganado a muchos. En modo alguno debe interpretarse de lo dicho que estemos poniendo en tela de jucio la solvencia ética ni la idoneidad profesional de ningún magistrado, pero nos permitimos, sí, disentir de ciertas decisiones judiciales que implican un retroceso.

No se cuestiona la independencia del Poder Judicial, algo que hemos defendido con pasión desde siempre. Pero no deja de resultar paradojal que, en momentos en que desde el gobierno se ha encendido la luz verde para que el sistema judicial actúe sin obstáculo alguno, y cuando la sociedad toda (o al menos un alto porcentaje de ciudadanos) se muestra conforme con la política del gobierno en materia de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, se interpreten las leyes en sentido opuesto al propósito de saldar una deuda demasiado dolorosa.

Esperemos que la marcha del 30 de setiembre de 2005 haya sido definitivamente la última. *