Los DDHH y la declaración del Partido Nacional
En circunstancias en que el Poder Ejecutivo encara una nueva etapa en la consideración a la violación de los derechos humanos y al castigo a quienes aparecieren como culpables en el período de la dictadura cívico-militar instaurada en el 73, el Directorio del Partido Nacional pone en conocimiento de la ciudadanía una «Declaración» doctrinaria y principista que fundamenta la posición adoptada en los apartados 1, 2 y 3 de la misma.
La rica y fecunda historia del Partido Nacional excede a toda consideración esquemática, pero me asocio a la síntesis, pues no de otra forma se puede escribir una historia que se va construyendo paso a paso, todos los días.
Nuestra nación debe priorizar por sobre todas las cosas, para construir un futuro digno, estable y solidario, el irrenunciable compromiso asumido el 18 de diciembre de 1948 con la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Debemos tener presente que el ser humano se desarrolla en grupos sociales que tienden a favorecer sus legítimos intereses, por eso debemos estar alertas contra toda forma de asociación que en el pleno ejercicio de la ley puede alterar el equilibrio social del individuo.
«La defensa de la ley, la paz, la tranquilidad pública, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la defensa de los Derechos Humanos, la reconciliación nacional», son principios incorporados a su «Declaración» que enaltecen a una colectividad política fundacional, con la tradición y la rica historia que alberga en sus alforjas el Partido Nacional.
Es por lo expuesto, respetando el derecho de expresión, que percibimos como una posible omisión involuntaria el hecho de no haber establecido en el resumen de sus consideraciones previas una sola línea referente a los Derechos Humanos.
En la «Declaración» se establece: Apartado 1. «…, respaldo total y absoluto a la independencia del Poder Judicial, y defensa permanente de dicha independencia…».
Estamos de acuerdo. Pero me permito agregar: «El paso por la Justicia de los casos de violaciones a los derechos humanos es imprescindible para que el Uruguay sienta que no tiene ni tuvo nada que ver con aquel pasado y su estilo.
La solidez del futuro que buscamos para nuestra Patria no advendrá del hacer la vista gorda sobre las violaciones de los derechos humanos, cúbrase del eufemismo que se cubra. Sólo lograremos esa consolidación institucional sobre una legitimidad ética, adquirida por la decisión de llamar delito a lo que es delito y poner al delincuente ante quien el delincuente debe estar: el juez «. Juan Martín Posadas -junio de 1986- «Con Nosotros Mismos», pág. 11 y sig.-
Se puede compartir o no, pero creo que ese es el camino.
Apartado 2. «… teniendo presente los nuevos aportes desde las propias FFAA, se consideran positivos porque muy especialmente ayudan a cicatrizar heridas profundas, que sólo con el tiempo cerrarán definitivamente. Los cambios naturales en la integración de las FFAA, los generacionales, contribuyen a avanzar en una materia pendiente. El tiempo y las sucesivas etapas vividas desde 1984 a la fecha permiten llegar a estos escenarios de hoy».
La realidad nos está diciendo otra cosa: que el 31 de octubre de 2004 un millón largo de personas dieron respuesta a los «nuevos aportes de las FFAA», que ayudaron a «cicatrizar heridas profundas», que «el reloj del tiempo» ya tiene arena; que siendo el pueblo el verdadero dueño de la sociedad provocó «los cambios naturales en la integración de las FFAA», «los generacionales» y contribuyeron «a avanzar en una materia que ya no se encuentra más pendiente». De lo que se trata y así lo entiende el pueblo uruguayo, es que se torna imprescindible resolver el pasado, porque estamos comprometidos, todos, a crear un Uruguay mejor, con justicia y dignidad.
Apartado 3. «Es fundamental garantizarle a la Nación un futuro de tolerancia democrática,… Esa es una responsabilidad principal del Poder Ejecutivo; custodiar la convivencia pacífica, y velar por la Institucionalidad que nos garantice que nunca más se repetirán hechos tan dolorosos como los que sacudieron al país».
En primer lugar debemos establecer categóricamente que sin democracia no hay tolerancia. En segundo lugar, para quienes nos sentimos demócratas, la responsabilidad que le compete al Poder Ejecutivo por mandato constitucional y de los ciudadanos, ser fiel custodio en la defensa de las «dos joyas» de la democracia: la Institucionalidad y la convivencia pacífica, en ese orden, la interpretamos como obvia. En tercer lugar, la historia pasada y presente de cuartelazos, quiebres institucionales y golpes de Estado cívico – militares en el Uruguay, no dudo han permeado en la sociedad de tal forma por lo que considero acertada y de recibo la inquietud que se expresa en la «Declaración».
Es explicable que el prestigio irresistible de una personalidad como la de Wilson Ferreira en momentos históricos como los que estamos viviendo, habiendo sido él protagonista de primera línea, un caudillo con ribetes propios, que aún después de su muerte y enterrado en suelo sagrado, como el Cid Campeador, siga ganando batallas políticas y morales sin haber dejado olvidada ni perdida ninguna prenda del apero.
Quedará insondable la respuesta a estas dos preguntas:
¿Habrá sido un legado a la sociedad establecer el Art. 4to. de la Ley de Caducidad?
¿Hubiera esperado veinte años? *
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