Los caminos de la verdad

Los primeros indicios de reconocimiento oficial de la existencia de operaciones oficiales de secuestro y desaparición forzada de personas, siendo apenas eso, primeros indicios, anuncios de una información que se brindará luego, ya han provocado, en varias áreas de la vida del país, una profunda conmoción.

No sólo en el campo de los Familiares y las organizaciones de Derechos Humanos sino también en el conjunto de la opinión pública y en los medios de comunicación, muchos de los cuales aparecen ahora, al menos en estos días y para estos problemas, más dispuestos a brindar amplia información.

Falta la confirmación de lugares y de las identidades de las víctimas que, como se sabe, comporta siempre trabajos dilatados y, por lo tanto, insumen tiempo.

Falta también, y este es uno de los puntos esenciales, atisbar cuál será la conducta de los magistrados bajo cuya responsabilidad irán cayendo los distintos casos.

Como a la vez sobre estos procedimientos hay acciones judiciales iniciadas en otros países como Argentina (por los casos Michelini, Gutiérrez Ruiz y Orletti), en Chile (por el asesinato de Eugenio Berríos) y en Italia (por la situación de los ciudadanos de origen italiano detenidos-desaparecidos) todo parece indicar que sobre estas apremiantes cuestiones de derecho humanitario se seguirá discutiendo, se seguirán publicando libros y conociendo testimonios.

En las últimas horas, algunos de estos testimonios de sobrevivientes o de familiares de ciudadanos muertos por torturas difundidos con amplitud, han provocado un fuerte impacto en la opinión pública.

Todavía queda un gran trecho que transitar en esta primerísima parte del conocimiento de los hechos.

Las comparaciones nunca suelen ser suficientemente esclarecedoras. Pero bástenos decir que en Argentina, el llamado «Informe Sábato», fruto de los trabajos de la Conadep, se conoció en los primeros tiempos del gobierno de Alfonsín y que el juicio público a las juntas militares también tuvo lugar hace más de treinta años.

Algo similar ocurrió en Chile, bajo el gobierno de Alessandri. Recientemente el Presidente Lagos acaba de publicar y distribuir, como Documento Oficial del Estado, un informe exhaustivo conteniendo testimonios de presos políticos que habían sido objeto de tortura.

En ese sentido, el atraso histórico en el conocimiento de la verdad de nuestro país nos había colocado en una situación de muy escaso prestigio en materia de respeto por el Estado de Derecho, de capacidad del Estado de reconocer la verdad y de apego a los valores de la justicia.

Ese retraso histórico, innegablemente vergonzoso, ha empezado a ser rápidamente superado. Pero los ejemplos de los países vecinos que han sufrido similares agresiones a los pueblos a través del terrorismo de Estado nos muestran que los procesos de sinceramiento y reparación suelen ser largos.

No obstante, la fuerza simbólica que poseen los pasos dados por el Poder Ejecutivo y los informes entregados por las autoridades militares poseen una enorme gravitación.

También es cierto que el conocimiento de verdades incandescentes, como las que hoy afloran, que parecen abrir el camino de la verdad sobre el destino de hombres y mujeres de este pueblo, no tienen un solo ámbito de sustanciación.

Queremos decir con esto que el proceso de incorporación a la conciencia nacional de estos hechos implicará, obviamente, reconocimientos y autocríticas, examen de las líneas de acción desarrolladas no sólo por los funcionarios militares que actuaron directamente en los actos criminales sino también de otros, funcionarios de otros poderes del Estado, que hicieron la «vista gorda», que estuvieron omisos en el cumplimiento de sus tareas, que, en lugar de cumplir con los deberes que les marcaban la Constitución, la Ley y la Carta Orgánica del servicio en el que revistaban, se plegaron a las órdenes o las indicaciones de los amos de turno.

Como se ve, nos queda a todos un camino largo y ancho por recorrer. *