Sobre la reforma impositiva

Por décadas los distintos gobiernos que han accedido al poder han tomado por asalto al Estado del que se sirven y tras el cual organizan a la sociedad que depende, se nutre y además paga los platos rotos de las malas políticas.

Estado que por la vía del «clientelismo» sirvió también para sustentar la actividad de los partidos tradicionales.

Los recursos para tapar los agujeros que han dejado esas malas gestiones en las empresas públicas o en la misma administración pública, siempre salen de los bolsillos de la gente. Las fabulosas partidas de las que depende el gobierno para pagar la deuda externa, 3,5% de superávit previo del PBI este año, también emergen del porcentaje de nuestro esfuerzo que destinamos al pago de impuestos y que salvo coyunturas favorables, sólo empobrecen al conjunto.

En la geografía social que soportamos podemos asegurar que esas malas políticas y esa presión impositiva, que es uno de los elementos que ostensiblemente paraliza a la economía, ha determinando también en alguna medida que un tercio de la población viva hoy con carencias básicas insatisfechas cuando no en la indigencia.

Impuestos directos, algunos, pero el grueso de ellos indirectos. Hablamos por supuesto de insoportable IVA del 23% y de los múltiples que se aplican en los elementos que produce y comercializa el Estado. Ya que nos referimos a Ancap, digamos que casi un 50% del precio de los combustibles sirve para contribuir a financiar los desfasajes de la llamada macroeconomía.

Casi siempre se ha utilizado al Estado para golpearnos y no para servirnos. En el mejor de los casos nuestros políticos han sido paternalistas, en los peor directamente autoritarios y siempre estatistas. Veamos lo que pasa con los impuestos que se han establecido para los productos que se comercializan a través de las empresas del Estado, cuyo precio de venta está integrado de manera decisiva por esa gabela tributaria que permite el funcionamiento de su descomunal estructura.

Volviendo a los combustibles –que por la razón que comentamos son los más onerosos del continente– digamos que son un ejemplo atroz de esa distorsión en que, en definitiva, no se está respetando el derecho de la gente a pagar el precio justo.

Es como si alguien hubiera, en alguna oportunidad, desconfiado del pueblo, de todos nosotros, porque si nos dejaran no sabríamos qué hacer con nuestro propio dinero o con nuestra propia libertad. Quizás alguien vea al ciudadano y a la sociedad civil como una amenaza y «no se dé cuenta de que quienes dominan el Estado lo hacen gracias al respaldo de quienes los hemos votado».

Estos comentarios tratan de introducirse en una polémica que se avecina y que será necesaria, la que lleve a una reestructuración impositiva. Este esquema de impuestos indirectos, como el IVA y los encubiertos que afectan a los productos que venden las empresas estatales, deberían comenzar a reducirse y desaparecer, para ser sustituidos por el impuesto a la renta de las personas físicas, gabela más justa, porque cada uno contribuye con un porcentaje medido de sus ingresos.

Sin embargo de nada valdría esa reforma si a los impuestos existentes se sumara otro, para ir luego, paulatinamente, reduciéndose la incidencia del IVA de acuerdo al resultado de la recaudación del Impuesto a la Renta.

Ese hecho se convertiría desde el pique para muchos en una doble imposición, un camino que en lugar de concretar un mecanismo más moderno de contribución, sería una tortuosa manera de apretar torniquetes sobre algunos sectores de población que, tal como dice la experiencia, se retraerían en el cumplimiento de sus obligaciones. *