Fundan su oposición en la propia culpa

Desde antes de asumir la conducción del gobierno, el Dr. Tabaré Vázquez y su equipo de colaboradores vienen siendo blanco de maliciosas críticas por situaciones sociales y económicas, creadas precisamente por quienes hoy se arrogan el papel de fiscales. Y pese a las omisiones y desaciertos que conforman un sombrío legado de público conocimiento, parte del periodismo nacional se hace cómplice de esa transferencia de responsabilidades, como si la actual Administración fuese la culpable de los altos índices de endeudamiento, pobreza, desocupación e inseguridad que padece el país.

Obsérvese que individuos que han gravitado con enorme preponderancia en las políticas de Estado, desde el primer mandato del Dr. Sanguinetti hasta la coalición en que se amparó la «familia ideológica» –que culmina la gestión el primero de marzo último– se permiten a través de los medios de comunicación decir groseras inexactitudes, sin que los profesionales de la prensa hagan las repreguntas de rigor, que impidan que la verdad sea derrotada. Y con esos desviados procedimientos –donde prevalece el interrogatorio sesgado y complaciente– la actual oposición deforma los hechos, confundiendo a la gente desinformada, la que por razones obvias le cuesta entender el entramado en que se inscriben los asuntos colectivos.

En materia de derechos humanos, entreveran las cartas con el censurable propósito de crear conflictos con las FF.AA., llegando al tupé de plantear la derogación de la Ley de Caducidad, cuando saben que la misma fue ratificada por la mayoría del pueblo, en condiciones archisabidas para quienes siguen teniendo memoria. Lo que importa hoy es que a 19 años de sancionada su normativa, los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle no dieron cumplimiento al art. 4to. de la misma, trasladando a la Administración Vázquez la delicada tarea de investigar el destino de los desaparecidos, incurriendo en una grave e imperdonable omisión, que la historia ha de juzgar para conocimiento de las nuevas generaciones. Porque resulta deplorable que a casi dos décadas de la ley altamente polémica, los familiares de las víctimas sigan movilizándose para ejercer legítimos derechos, que en definitiva les fueron negados por la vía de subterfugios, chicanas y todos los trucos jurídicos, para obstruir los procedimientos indagatorios.

El tema vinculado al sistema penitenciario ha dado mérito a que la oposición se escandalice por el número de reclusos que podrían quedar en libertad, explotando el clima de preocupación que impera en la sociedad, por el oleaje delictivo que se manifiesta a través de diversas modalidades. Lo que no se le explica a la gente -ajena a la problemática- es que la superpoblación carcelaria que genera hacinamiento, promiscuidad y pérdida de valores morales, responde a que los gobiernos anteriores no construyeron nuevos complejos de reclusión, nada hicieron por la rehabilitación de los procesados, y sólo se preocuparon de aumentar las penas, cuando la política criminal moderna ha demostrado que por esa vía no se combate la delincuencia. No debe olvidarse que la iniciativa relacionada con este tema se encuentra radicada en el Parlamento, donde la oposición tiene la oportunidad de proponer enmiendas, e incluso sustituirla por otra que demuestre ser más potable, hipótesis que la jerarquizaría ante la opinión pública. Pero naturalmente que al afirmar que es inoportuna, injusta, adosada a otros calificativos que la desacreditan, revela que ha optado por una conducta contestataria, olvidando que un asunto de esta naturaleza -como lo dice la Historia- la tarea no es criticar una solución que se propicia con espíritu de grandeza, sino presentar otra mejor, para resolver el problema sobre el que existe consenso de su realidad.

Inexplicablemente los implacables críticos de todo lo que se plantea, olvidan que hasta el primero de marzo último, formaron parte de un gobierno que dejó esta tenebrosa herencia, la que conlleva o anida problemas de toda magnitud en los diversos estamentos del Estado. Y como viene de verse, en lugar de tener un mínimo de pudor, en la admisión de sus responsabilidades por la brutal crisis que nos estrangula, enjuician a la nueva Administración por errores, omisiones y desaciertos que les son imputables.

Felizmente el pueblo que no confunde aserrín con pan rallado, sabe que más allá de la manifiesta mala fe con que se oxigenan quienes no se resignan a estar fuera del poder, la verdad siempre ha de prevalecer por mandato de los hechos. *