Se diluye amenaza de desacato militar

Después de transcurridos veinte años del fin de la dictadura y del retorno a la democracia, sólo ahora, empieza a disiparse una mancha ominosa que ensombrecía la normalidad institucional.

Desde aquella salida cojitranca del régimen de facto hasta hoy, el país vivió en democracia, en libertad, pero con la mácula que significó el desacato militar legalizado mediante la infame Ley de Caducidad. Con la complacencia y la complicidad de los gobiernos que se sucedieron desde marzo de 1985 hasta marzo de 2005, los terroristas de Estado fueron protegidos por una telaraña urdida con los hilos mezclados de una norma y la interpretación que de ésta hizo el poder político. Porque una vez aprobada la Ley, pronto se vio que de su letra surgían resquicios, grietas por donde podían colarse atisbos de justicia. Y fue así que los presidentes Sanguinetti y Lacalle –y en menor medida Batlle– abusaron con total desparpajo de la potestad inconstitucional que la norma otorga al presidente de dictaminar qué casos están comprendidos en el amparo de la impunidad cuáles no lo están.

La ley de impunidad vino a consagrar una situación de hecho: la negativa de los militares señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos a someterse a la Justicia ordinaria, lo que equivale a un desacato. Ese fue el fantasma, el gran argumento sabiamente usado por la derecha para convencer al electorado de ratificar la ley en el plebiscito de 1989: si se deroga la ley, los involucrados se negarán a declarar ante un juez; y como tienen el respaldo de los militares en actividad, se produciría una situación de desconocimiento del orden jurídico y una amenaza de golpe de Estado.

Veinte años después, el mismo razonamiento y el mismo cuco del desacato militar fue cuidadosamente desempolvado por las fuerzas conservadoras cuando el nuevo gobierno anunció su disposición a cumplir y hacer cumplir a cabalidad la legislación vigente respecto de los crímenes de lesa humanidad. El riguroso cumplimiento del artículo cuarto, la exclusión de los civiles cómplices o coautores de crímenes, la exclusión de los delitos sin móviles políticos ni en cumplimiento de órdenes y la exclusión de los crímenes cometidos antes del golpe de Estado de junio de 1973, son todas decisiones del Poder Ejecutivo actual que apuntan al estricto cumplimiento de la Ley de Caducidad, en una interpretación perfectamente ajustada a derecho. Sin embargo, los rumores de desestabilización estuvieron a la orden del día como parte de una campaña tendiente a generar incertidumbre y zozobra en la población; se difundió, incluso, el anuncio de connotados terroristas de Estado que harían caso omiso a eventuales citaciones judiciales.

Pues bien, en la reunión que el pasado viernes mantuvo el comandante en jefe del Ejército con los generales en actividad, quedó claramente resuelto (como no podía ser de otra manera) que los militares citados por la Justicia concurran a declarar. Aparentemente, la única voz discorde –la del general Juan Córdoba, jefe de la División de Ejército I– fue derrotada y el jerarca fue relevado de su cargo.

El comandante en jefe, teniente general Bertolotti, adoptó la firme actitud que correspondía ante un planteo absolutamente inadmisible.

Después de tantos años en que vimos a los militares esquivar responsabilidades, gambetear ladinamente las disposiciones legales, o lanzar veladas amenazas, corresponde destacar este hecho que implica la sumisión de la institución castense al poder civil, tal cual lo esitpula la Constitución de la República. *