Jurar para perjurar

El pasado 19 de junio se recordó, se conmemora dice la terminología oficial, el natalicio, es decir el cumpleaños de Artigas.

La fecha es aprovechada para poner en práctica en todos los institutos secundarios lo dictado por el artículo 28 de la Ley Nº 9.943 de julio de 1940 que instaura la instrucción militar obligatoria. Es aquel artículo 28 el que establece que «todo ciudadano, natural o legal, está obligado a prestar juramento de fidelidad a la Bandera Nacional, en acto público y solemne». Para continuar afirmando: «El Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social no expedirá títulos profesionales o técnicos sin que el interesado acredite el cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta ley». Luego el artículo 29 de la citada ley establece: «Ningún ciudadano será admitido a desempeñar cargos en la Administración Pública… etc.»

Pues debo declararme absolutamente contrario a esa ceremonia de juramento y ni qué hablar a las consecuencias que supone la no participación en la misma; a la inclusión a quienes se nieguen a aceptarla en una especie de lista negra vitalicia
Para comenzar debemos preguntarnos ¿a qué símbolo se le está prestando juramento de fidelidad, se supone que por toda la vida, al de la sociedad, al del Estado, al concepto de nación? ¿Qué obligaciones conlleva ese matrimonio sin posibilidad de divorcio? ¿Obliga ese juramento a ser fiel a todos los actos que aquellos puedan cometer? De haber existido en su momento ¿me hubiera, por ejemplo, obligado a participar o aplaudir ese quasi-genocidio que significó la Guerra al Paraguay, o el exterminio de los indios charrúas, o la persecución a «los vagos de la campaña», denominación amañada para referirse a los despojados de toda posibilidad de tener tierra y trabajo, hechos todos cometidos bajo nuestra bandera nacional?

Desde luego, siempre se puede decir que son cuestiones e historias viejas. El gran problema es que tenemos historias muy cercanas, tanto en el tiempo como en el espacio. Ese juramento de fidelidad, incondicional y «sine die» se parece demasiado al llamado principio de la «obediencia debida» bajo cuya cobertura se cometió todo género de crímenes y aberraciones.

Se nos dirá, y con razón, que las sociedades necesitan de símbolos, que actúan como elementos identificatorios donde se nuclea justamente en forma simbólica, lo específico de cada país, su rasgo distintivo. Pero ello no puede suponer que ese símbolo obligue a todos a la misma, incondicional y juramentada fidelidad.

La unanimidad, las mayorías, cuentan siempre con el blindaje que les brinda la superioridad numérica, pero no necesariamente en todo momento son portadoras de valores que hacen más libre, justa y solidaria la convivencia de la humanidad y a veces ni siquiera la de la propia sociedad que pretenden representar.

La libertad, escribía Rosa Luxemburgo en su polémica con Lenin, es para poder no estar de acuerdo, para poder decir que no cuando todos dicen sí.

¡Que juren quienes entiendan que así deben hacerlo! Pero ya es hora de que el Estado abandone ese rol de inquisidor laico que arranca juramentos de fidelidad amenazando con los hierros al rojo de las listas negras y del ostracismo cívico.

Pero también sabemos que siempre es posible encontrar un funcionario indulgente que firme, selle y testifique el juramento de fidelidad…. Es la cultura de la «gauchada», o si se prefiere del mamarracho. En lugar de normas, favores; en vez de ejercer derechos, mejor esconderse tras alguna manganeta.

Ahora bien, la curiosidad quiso que ojeando la Carta Magna nos topáramos con el artículo 37, que luego de declarar que «es libre la entrada de toda persona en el territorio…, etc», prosigue afirmando: «La inmigración deberá ser reglamentada por la Ley, pero en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad«.

Esta brutalidad no está extraída de la Constitución de Estados Unidos, de algún país de la Unión Europea o de la Constitución de España a la que reclamamos el cumplimiento de viejos tratados, vigentes mientras no sean derogados. Esta brutalidad adorna nuestra Constitución, la de una país que tiene fuera de su territorio casi el 20% de su población. He sido refugiado y emigrante. Adolezco de defectos físicos, es probable que también morales y presumo que algún que otro defecto mental. Felizmente ningún país me aplicó su artículo 37.

También felizmente sabemos que nuestro país supo ser y los orientales queremos que continúe siendo, tierra abierta a quien quiera venir por más «defectos» de los que adolezca. Entonces ¿cómo es posible que siga vigente ese disparate? ¿O es que somos menos solidarios de lo que creemos y menos hospitalarios de lo que presumimos? Hace unas semanas, la prensa argentina (l de junio, Clarín de Buenos Aires) publicaba un artículo del doctor Antonio Martino «El Digesto y la calidad institucional», donde se informaba sobre la culminación de una obra maestra de la jurisprudencia argentina.

De 26 mil leyes acumuladas de 1853 a la fecha, quedarán sólo 3.000, con sus respectivas reglamentaciones. El Digesto le dará seguridad legal a la Argentina y a los argentinos porque representa la posibilidad para los operadores jurídicos y los ciudadanos de encontrar la norma concreta que debe aplicarse. Se terminaron por lo menos en el texto, las superposiciones, las zonas grises y los amplios márgenes de interpretación.» Y continúa diciendo el articulista: «Para que las leyes se puedan cumplir, es necesario saber cuáles son, en cada momento de su observancia. Esto es la seguridad legal».

Y no menos importante. Esta monumental obra de transparencia iniciada en agosto de 1999 se realizó mientras Argentina atravesaba uno de los períodos más inestables de su historia.

Es hora de seguir los buenos ejemplos de los vecinos y que comience a imperar la prolijidad también en ese campo.

Que el Estado abandone su papel de arcaico inquisidor, que la Constitución no se convierta en un texto que contiene zonas que no son para cumplir.

Que la norma sea clara y para todos y que también en ese campo empiece a reinar la transparencia. La cultura del mamarracho, del constante remiendo, nos ha cubierto de harapos. En lugar de visible, todo lo vuelve obscuro y brumoso. La excepción se hace norma, lo precario se perpetúa. La palabra se torna un atajo hacia la mentira. Se promete para después explicar por qué no se cumple, se dice para desdecirse, se jura para perjurar. *