Soberbia y cobardía de los motineros

Cuando en 1985 el teniente general Hugo Medina, a la sazón comandante en jefe del Ejército, empezó a guardar las citaciones judiciales a militares acusados de violar los derechos humanos en su coffre-fort, al tiempo que se anunciaba la decisión de los implicados de no comparecer ante una sede penal, la dirigencia política conservadora utilizó el argumento del desacato militar y el peligro de un nuevo quiebre institucional para instalar en el inconsciente colectivo la necesidad de «resolver la cuestión militar» mediante el perdón a los terroristas de estado.

Se generó así una asociación de ideas perversa, según la cual la actuación de la Justicia, de un Poder Judicial independiente que brindaba todas las garantías del debido proceso a todos los habitantes de la república, implicaba la posibilidad de otro golpe de Estado. Por tanto, era imprescindible resignar la aspiración de juzgar a los terroristas de Estado en aras de la normalidad institucional y la tranquilidad de la población. Había que impedir la acción de la Justicia, pues ello conllevaba el riesgo de irritar a los militares.

Más allá del triste papel que cupo a la dirigencia política conservadora en el salvataje de los terroristas de Estado, los doce años de dictadura estaban demasiado próximos en el tiempo y era explicable el deseo de la población, del ciudadano medio, de salvaguardar a toda costa la democracia recientemente recuperada. Allí está el origen de la Ley de Caducidad. Una ley que no consagró una amnistía por lo que no quedaron extinguidos los delitos cometidos durante la dictadura.

Ahora bien, que en aquel entonces alguien pudiera poner en duda la solidez de la institucionalidad democrática y creyera en el peligro de desestabilización es comprensible. Pero que veinte años más tarde, las mismas voces que se alzaron para justificar la impunidad vuelvan a hacerse oír con los mismos argumentos de otrora es absolutamente inaceptable. La ley 15.848 sigue plenamente vigente y nadie piensa en soslayarla o en derogarla. Simplemente, por primera vez desde el fin de la dictadura, hay un Poder Ejecutivo dispuesto a aplicarla a rajatabla sin violentar en lo más mínimo ni su letra ni su espíritu.

Y resulta particularmente inaceptable que uno de los más connotados violadores de derechos humanos, protagonista de innumerables acciones enmarcadas en el terrorismo de Estado, tenga la osadía de salir con una bravuconada advirtiendo que, de ser citado por la Justicia, no concurrirá a declarar.

Olvida ese siniestro personaje que en caso de no comparecer, será conducido por la fuerza pública –la Policía– como cualquier hijo de vecino. No ha anunciado qué actitud asumirá en este último caso. ¿Está dispuesto a cometer desacato? ¿Se resistirá a balazos?

Individuos como él y como todos los otros vinculados a aberraciones y crímenes de lesa humanidad son los que realmente ofenden a las Fuerzas Armadas como institución. Las ofenden por su soberbia pero sobre todo por su cobardía. *