32 años después, el crimen sigue impune

Se cumplen hoy treinta y dos años del golpe de Estado que instauró un régimen de facto que se prolongó por doce años. Fueron doce años de gobierno cívico-militar con características de dictadura, durante los cuales se vivió bajo el terror, al margen de la Constitución y de la ley; doce años de persecuciones, exilios, detenciones arbitrarias, terrorismo de Estado, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y suculentos negociados en provecho de quienes detentaban cargos de responsabilidad. Fueron años de represión brutal contra el movimiento sindical, contra los partidos de izquierda y contra militantes sociales.

Fue, asimismo, el tiempo en que se liberó la economía y se abrieron las fronteras al ingreso indiscriminado de mercadería extranjera, lo que trajo aparejado el comienzo del fin del aparato productivo, el aumento del desempleo y la caída del salario real. Fue el período durante el cual la deuda externa uruguaya se vio incrementada a niveles nunca antes vistos, hecho que todavía repercute en la salud financiera del país.

Durante la dictadura cívico-militar se dio el golpe de gracia a la educación popular, ya herida de muerte, merced a la Ley de Educación General –o Ley Sanguinetti–, aprobada pocos meses antes del golpe.

Teniendo en cuenta que –según lo han reconocido las propias Fuerzas Armadas– la guerrilla había sido definitivamente derrotada a fines de 1972, cuando su organización fue desarticulada, sus dirigentes, cuadros medios y militantes estaban muertos, en prisión o exiliados, resulta claro que el motivo aducido para el quiebre institucional (la lucha contra la insurrección armada) no puede ser aceptado. Y parece a todas luces evidente que el verdadero propósito de los motineros del 73 fue el de convertirse –contra lo expresamente declarado en los famosos Comunicados cuatro y siete del 9 de febrero– en el brazo armado de la clase dominante, específicamente de la “rosca” y de los intereses mancomunados de la oligarquía criolla y del imperialismo. El modelo neoliberal necesitaba, como condición sine qua non para implantarse, la seguridad de no contar con oposición política ni sindical.

A treinta y dos años del quiebre institucional y en momentos en que un gobierno progresista se propone cumplir en todos sus términos la Ley de Caducidad, no está de más recordar –aunque más no sea en breves pinceladas– lo que fue el régimen instaurado por Juan María Bordaberry. Y la oportunidad es propicia para plantear –por enésima vez– la perplejidad por el hecho insólito de que aquel crimen (un caso pedagógico del delito de atentado a la Constitución) se mantenga impune.

Porque si bien el motinero –junto a su canciller, Juan Carlos Blanco– está formalmente acusado de homicidio especialmente agravado por los crímenes de mayo de 1976 en Buenos Aires, las denuncias en su contra por haber disuelto las Cámaras y por haber subvertido el orden institucional han rebotado sistemáticamente en los estrados judiciales. El archivo del expediente ha sido la constante a pesar de que ninguna norma, absolutamente ninguna, puede razonablemente pensarse que proteja al ex dictador. Obviamente, la Ley de Caducidad no lo ampara por tratarse de un civil y porque su delito no fue cometido “en ocasión del cumplimiento de sus funciones”; a menos, claro está, que se haya tratado de una de las “acciones ordenadas por los mandos”…

La impunidad de que goza Bordaberry nos ofende a todos los espíritus democráticos. *