Azúcar amargo

En el último consejo de ministros celebrado en Bella Unión, el presidente Vázquez anunció que el gobierno ampliará el subsidio que se le otorga a la plantación de caña de azúcar, con lo que dará cumplimiento a una de las promesas que había formulado en la pasada campaña electoral. La medida, largamente reclamada por nuestros compatriotas norteños, no es una buena noticia para la mayoría de los uruguayos, vale decir los consumidores de azúcar y los contribuyentes. El análisis no puede limitarse a las consecuencias directamente observables en el corto plazo y para un grupo de la población, sino que debe hacerse teniendo en cuenta todas las consecuencias en el largo plazo y para todos los uruguayos.

Es innegable que la medida a primera vista resulta simpática. El departamento de Artigas en general y la ciudad de Bella Unión en particular, muestran indicadores sociales profundamente preocupantes. El barrio Las Láminas ha estado en el centro de la atención desde hace un buen tiempo, con casos que han estremecido con justa razón a la opinión pública. En este contexto, un subsidio a la alicaída producción azucarera parece casi una cuestión humanitaria, que debe estar «por encima de las meras consideraciones económicas» como suele decirse.

Sin embargo, el simplismo con el que se defiende la medida no logra soportar un análisis serio. El apoyo estatal a una producción inviable de amplio consumo es una pésima idea. Por cierto que no es algo que ocurra sólo en nuestro país. En Estados Unidos el economista Paul Krugman, a quien nadie puede tildar de «neoliberal», ha demostrado que las consecuencias negativas sobre los consumidores superan ampliamente los beneficios que obtiene la industria del azúcar. ¿Cómo se puede explicar que se sostenga una situación en que los perjudicados son muchos más que los beneficiados? Porque los que se benefician son un grupo de presión, compacto, organizado y con intereses claramente definidos, mientras que los perjudicados no. Los integrantes de los grupos de presión que reclaman medidas como la adoptada por el gobierno, al ser pocos, tienen cada uno mucho que ganar, mientras que los perjudicados, al ser muchos tienen cada uno poco que perder. Claro está, la sociedad en su conjunto pierde.

Pierden los consumidores que pagan el azúcar más caro de lo que deberían. Pierden también los contribuyentes que son lo que pagan el privilegio que se le otorga a un grupo específico. Además, mientras se pueden observar directamente los efectos positivos, como puede ser la extensión de los cultivos o los puestos de trabajo creados, los efectos negativos no son directamente observables. El subsidio redundará en un mayor costo del Estado que pagarán los consumidores y las empresas. Los consumidores tendrán un menor ingreso disponible, lo que afectará negativamente a una enorme cantidad de empresas a lo largo y ancho de todo el país. Las empresas también se ven perjudicadas en forma directa, ya que al tener que pagar mayores impuestos van a producir menos y a contratar menos personas.

Los puestos de trabajo destruidos no se ven, pero es indudable que serán más que los creados. Vale decir, habrá algunos cultivadores más trabajando en Artigas, pero menos trabajadores en los bares de Cerro Largo y en las industrias de Montevideo. La contracara del privilegio de algunos es la discriminación de otros.

Y esto no es todo. Al desviarse recursos de las actividades rentables y productivas a una inviable, se reduce la riqueza total generada, por lo que el país va a ser más pobre.

Detrás de la intención paternalista del gobierno se esconde una enorme injusticia. Si bien compartimos la preocupación, la forma en que la canaliza es de las peores que podía haber elegido. Con la idea de ayudar a los pobres de Bella Unión se perjudica indudablemente a los de todo el resto del país. Además, buena parte de los subsidios van a terminar en los bolsillos de empresarios y gerentes, como ya ha ocurrido.

La decisión de lo que se produce y lo que no puede recaer en lo políticos y los burócratas o en la ciudadanos. Lo primero se hace a través del proceso político, en el que ganan las corporaciones, lo segundo a través del mercado, en donde gana la gente.

Como la historia se ha empeñado en demostrar, cuanto más se planifica una economía peor le va y una intervención del gobierno que afecta que cosas se pueden producir en Uruguay es una forma de planificar la economía. El fomentar la planificación afianza a los grupos de presión existentes y hace surgir nuevos, lo que va de la mano con los innumerables consejos que ha creado el gobierno. Y no es una buena noticia para la mayoría de los ciudadanos el avance de las corporaciones que estamos viviendo. *