El operativo mediático de la derecha

La ofensiva mediática de la derecha contra el gobierno progresista dirige sus baterías hacia varios flancos de la gestión gubernamental.

El Ministerio de Salud Pública es uno de los blancos preferidos por la clase conservadora, a raíz del problema (convenientemente magnificado por una información tendenciosa), suscitado en Radioterapia del Pereira Rossell. Luego de aclaraciones pertinentes de los jerarcas y de técnicos solventes que echaron por la borda las acusaciones de omisión de asistencia y apagaron las llamas del incendio alarmista, el cañoneo se silenció.

El Ministerio del Interior fue también un objetivo del ataque conservador, desencadenado a raíz de la derogación del decreto que habilitaba las razzias y la detención de ciudadanos sin motivo; también fue cuestionado por su proyecto de descongestionamiento de las cárceles.

La derogación de otro decreto (el que habilitaba el recurso de la fuerza pública para desalojar locales ocupados por trabajadores) sigue siendo motivo de duras críticas. La reacción conservadora clama casi al borde de las lágrimas advirtiendo de la catástrofe que puede sobrevenir en razón de que, al no contar con esa protección, los inversores extranjeros desistirán de montar emprendimientos en el país.

Pero en los últimos días, el fuego cruzado de la oposición política y los medios del establishment se concentra en la aplicación de la Ley de Caducidad por un lado y en los motines en centros dependientes del INAU, por otro.

Mientras los dirigentes políticos más relevantes de la derecha insisten en la vieja cantilena de dar vuelta la página, de mirar hacia adelante, del espíritu pacificador de la ley, los medios que son sus voceros dedicaron varias ediciones y los titulares más destacados a advertir del «malestar» en medios castrenses en una suerte de información apocalíptica que, subliminalmente, desempolvó viejos fantasmas de desestabilización. A tal punto que al día siguiente de la conferencia de prensa del doctor Gonzalo Fernández, los titulares principales de la prensa del establishment seguían machacando con la persistencia del malestar militar, sin reflejar las aclaraciones y puntualizaciones del secretario de la Presidencia que transmitían tranquilidad y aventaban toda sospecha de hostilidad castrense hacia las autoridades o de inestabilidad institucional.

Asimismo, los motines en dependencias del INAU fueron sabiamente explotados por la campaña mediática, con el inocultable objetivo de minar el prestigio del gobierno para lo cual no vacilan en exacerbar la alarma y el temor de la población.

El cañoneo sostenido a que la derecha somete al INAU (se ha llegado al colmo de exigir la renuncia de su director) pasa por alto la calamitosa situación en que las nuevas autoridades recibieron ese organismo. Con una carencia de recursos ya endémica, con irregularidades funcionales, con infraestructura en ruinas, con personal escaso y en su mayoría sin capacitación adecuada, la herencia maldita –generada durante años de inoperancia, omisiones e irresponsabilidad– exhibe sus efectos deplorables. Las nuevas autoridades se encontraron con un panorama desolador: deudas abultadas, locales ruinosos, predios ocupados por asentamientos, vehículos insuficientes –la mayoría de los cuales sin mantenimiento o en reparación–, caos administrativo y un presupuesto por demás exiguo que torna inviable todo intento de mejorar la gestión.

Al tiempo que se lanzan diatribas contra las autoridades, se soslaya –o apenas se menciona– esta realidad heredada de gobiernos anteriores. *