En quiénes debe recaer el poder de decisión final

La situación de «enfrentamiento» suscitada en la interna del M(PEPE), amplificada y distorsionada por algunos medios de prensa, ávidos del sensacionalismo que les permita vender y venderse al peor postor, sin embargo, tiene un aspecto muy positivo, que debe ser aprovechado en estas circunstancias por una fuerza política que debe intentar reagruparse y fortalecerse, luego de los golpes de desmantelamiento sufridos en sus cuadros, al pasar a ocupar, muchos de éstos, los más altos cargos de gobierno.

Sin tener la impertinencia de inmiscuirme en la interna del grupo político citado, al que hoy le ha tocado, y no por primera ni última vez, estar en el candelero de la opinión pública, voy, sin embargo, a utilizar los elementos que surgen de esta situación, para tratar de fundamentar mi posición sobre un tema mucho más trascendente, que es, sin dudas, a quién le corresponde, en esencia, tomar las decisiones finales en problemas políticos donde están en juego principios (antimperialismo, dignidad, soberanía, futuro del Latinoamericanismo, llámese ALBA, Mercosur, o como se le quiera denominar finalmente).

La situación que se ha producido, en el meollo del problema, radica en saber quiénes deben tomar las decisiones en materia de problemáticas trascendentes, como la que incluye el Tratado de Inversiones con USA, y quiénes las deben llevar adelante, en el ámbito correspondiente.

Por un lado, el Ejecutivo de la fuerza política citada que, para mí, acertadamente, ante una decisión fundamentalísima para delinear la ruta que debería seguir el gobierno, asumiendo con responsabilidad su obligación política, entiende que una decisión de esa magnitud y envergadura, debe ser tomada en el ámbito orgánico correspondiente de la fuerza política FA, que es su Plenario Nacional.

Por otro lado, algunos de sus más «pesados» representantes en el gobierno, que aducen, aceptando una decisión presidencial más equivocada que inequívoca, que el ámbito de decisión debe circunscribirse al círculo cerrado y pequeño, cuantitativamente hablando, de sus parlamentarios.

Y se pone en juego el orden de autoridad que debe quedar de manifiesto en la oportunidad, so pena de dar con el traste a todos los planteos de definición democrática, que desde el FA y sus adjuntos se vienen haciendo desde siempre.

Si la soberanía radica en la Nación, y esa nación es la base popular, ¿quién mejor que las bases de la fuerza política para fijar a sus representantes ocasionales en el gobierno, el camino a seguir? Sobre todo por tratarse de una decisión, a mi manera fundamental, para fijar claramente la ruta por la que se va a internar el gobierno en materia de defensa de la soberanía o, por el contrario, de sometimiento a los mandatos del imperio.

Es la fuerza política, elaboradora del Programa prometido a los posibles votantes, la que debe decidir, en primera y única instancia el camino a seguir. Y sus representantes, acatando esa decisión, llevarla adelante en el ámbito legislativo.

Toda otra solución que se quiera dar, diferente de la aludida, colide con los más altos principios que se encuentran en la base de la creación del FA, y por tanto, no deben ser vulnerados por ningún motivo.

En esta controversia a la interna de una fuerza perteneciente al FA, estoy clara y decididamente de acuerdo con la decisión tomada por su Ejecutivo, más allá de las «rebeldías» formuladas por algunas figuras «de peso» muy importante, de su integración legislativa.

El poder de decisión de los elementos trascendentales, siempre debe estar en los órganos competentes de la fuerza política y no debe «jopearse» dicha potestad soberana por ningún motivo.

El corte de cordón umbilical, al que tantas veces se ha hecho referencia, es, en este caso preciso, y una vez más, inaceptable y va contra principios rectores que están en la esencia del FA fundacional.

El procedimiento para solucionar un caso que es emblemático para el futuro camino de este gobierno, que debe seguir cumpliendo con el programa rector en base al que fue elegido, pasa por la definición del tema en el seno del Plenario Nacional del FA, en el que, por supuesto, los legisladores, como representantes e integrantes de la fuerza política, podrán participar como miembros informantes naturales. Luego de lo cual, la fuerza política tomará la soberana y democrática decisión, y los legisladores, quedarán mandatados para llevar esa decisión al ámbito parlamentario.

Es el único camino plausible, y todo otro atajo que se quiera tomar, conlleva el enorme riesgo de la contradicción entre el discurso de siempre y su desobediencia en la realidad.

Todo el poder de decisión a los órganos pertinentes de la fuerza política.

Defender la soberanía en todos los campos; en el interno y en el internacional ante el intento de chantaje yanki.

El temor a las represalias económicas del amo, no paga. Son una cortina de humo para esconder debilidades propias.

En caso de transitar ese camino, nos llevará, finalmente y más temprano que tarde, a una dependencia creciente y funesta. *