Guerra al narcotráfico

Mientras la atención de la opinión pública está centrada en las alternativas acerca del diálogo entre gobierno y oposición; mientras aún se discute sobre las medidas propuestas para descongestionar las cárceles; en tanto que el Partido Colorado pone bajo la lupa los gastos ocasionados por el transporte en helicóptero de algunos jerarcas a la localidad de Zapicán –en un intento vano por distraer la atención sobre los despilfarros verificados en varios organismos durante el gobierno anterior–, la prensa amiga del establishment poco y nada dice acerca de los éxitos alcanzados por el Ministerio del Interior en la guerra contra la distribución de droga.

Tal como se informa en esta misma edición, la Policía ha dado un nuevo golpe al narcotráfico: la detención de un distribuidor y la incautación de una cierta cantidad de cocaína de máxima pureza. Pero no es éste un hecho aislado. Antes bien, es menester inscribirlo en el marco de una firme y decidida acción policial de lucha contra la droga, una de las principales preocupaciones del nuevo gobierno, mencionada expresamente por el doctor Vázquez en su discurso en la noche del 1 de marzo.

Dando cumplimiento a dicha preocupación, el Ministerio del Interior tomó una serie de medidas y la Jefatura de Montevideo dispuso lo necesario para el combate contra el narcotráfico.

Los resultados están a la vista. En menos de dos meses, la Policía se ha apuntado victorias de innegable importancia. Primero fue la detención en la zona del Parque Rodó de un «pez gordo», la incautación de un cargamento voluminoso de «mercadería», la remisión a la Justicia del traficante y su procesamiento.

Este hecho, de enorme trascendencia –y revelador de la voluntad política de encarar con eficacia la lucha contra la droga–, no tuvo el destaque que merecía en los medios. Pero el combate no se detuvo ahí. Poco a poco, en los días subsiguientes, la Policía fue desarticulando bocas de salida de la siniestra pasta base. Se informó que en menos de un mes se cerraron quince bocas de distribución que –según se calcula– abastecerían a alrededor de dos mil consumidores, y se procedió a la detención de más de 20 personas.

Cierto es que el cierre abrupto de tal cantidad de bocas de salida puede generar problemas a los adictos, pasibles de padecer síndrome de abstinencia; pero esa será tarea no de la Policía sino de los organsimos encargados de ese delicado problema.

Se trata, sin duda, de golpes eficaces a ese negocio doblemente criminal que enriquece a algunos a costa de la destrucción física y moral de la población (sobre todo los jóvenes).

Estos hechos, que merecen el aplauso de la población, revelan cómo el instituto policial –a pesar de sus carencias materiales ya endémicas en infraestructura y en remuneraciones a sus funcionarios– es capaz de desarrollar una labor eficiente. Recordemos que no ha habido cambios significativos en el personal jerárquico de la Policía ni menos en la tropa. Sin embargo, la nueva conducción del ministerio ha logrado dar un estímulo especial a los cuadros profesionales. El doctor José Díaz ha tomado las medidas necesarias para concientizar a sus subalternos de la imperiosa necesidad de redoblar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Esto ha hecho posible que jerarcas y cuadros medios asuman responsabilidades y dispongan las medidas pertinentes para lograr el objetivo.

Resulta inevitable comparar los primeros pasos de esta gestión con las administraciones anteriores y advertir que en menos de dos meses se ha avanzado muchísimo más que en quince años. La población se cansó de ver y oír a los gobernantes rasgarse las vestiduras hablando del «flagelo de la droga» sin que por ello disminuyera el comercio ilícito.

Esta decidida acción policial debe ser acompañada de una política firme que apunte eliminar (o reducir) el consumo y a rescatar la mayor cantidad de gente posible de las garras de la adicción.